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Entrevista a Enrique Martínez Reguera

¿Cuál fue la intención al reeditar “Por si llegas a leernos querido Walter?

Nos motivó el habernos enterado de nuevos e interesantes datos sobre este caso. Hemos sabido que la familia extensa de Walter lo reclamó repetidamente desde Camerún antes de haber sido entregado en adopción y no entendemos cómo España puede dar en adopción un niño que no es español, sin contar con el país de donde procede ni con la familia que cuidó los tres primeros años del niño y podía seguir haciéndolo.

Cuando fuimos a Logroño, lo hicimos con el deseo de que un amigo jesuita hiciera de mediador entre la familia biológica y la familia adoptiva, para que ambas se conocieran y pudieran establecer una relación cordial. Guste o no, la realidad es que este niño tiene dos familias que le quieren y que podrían contribuir a su bienestar y su desarrollo. No se discuten los derechos de las familias sino el derecho de este niño a gozar de ambas familias. Walter tiene dos hermanitos que desean conocerle ¿en nombre de qué supuesto “interés superior” del menor se les ha arrebatado a esos niños el crecer junto a su hermano mayor? Con el señuelo de un supuesto “interés superior del menor” a Walter se le han hurtado sus raíces, su memoria, su primera crianza, ignorando hasta el color de su piel.

En esta segunda edición del libro habéis incluido una carta dirigida a los padres adoptivos. ¿Qué deseáis comunicarles? ¿Pensáis que la hayan leído?

Se nos ocurrió que un capítulo debería expresar lo que deseamos. Lo fundamental es, que no queremos entablar disputa sobre el niño. Jamás hemos pensado arrebatarlo; al niño ya le ha bastado de truculencias con una sola vez. Al contrario, estamos muy agradecidos por el cariño y la atención que le ofrecen. Lo que sí queremos, es que se reconozca la realidad: que ambas familias tienen un cariño en común, a una misma persona y esto debiera unirlas, nunca enfrentarlas. Además el chiquillo ya tiene trece años y se estará preguntando por qué vive con la familia con la que vive. ¿Sabe que sus papás llevan años luchando por poder abrazarlo? Lo que querríamos transmitir es que el niño podrá ser más feliz sabiendo que ni él ni los papás que le dieron vida tienen nada de qué avergonzarse.

Monike y Ferdinand han sido absueltos ante el Juzgado de lo Penal y ante la Audiencia de todas las acusaciones que los servicios sociales formularon contra ellos.

Ciertamente. Aun así, éstos, los mal llamados servicios sociales, nunca han rectificado. En mi opinión: actuaron precipitadamente porque a los dos días de recoger información sobre el caso ya declararon el desamparo; actuaron tendenciosamente, porque sólo recogieron las opiniones que suscitaban sospechas, y ninguna de la información favorable que abundaba: de la guardería donde estaba el niño, de la casera en donde vivía, del forense, de la psicóloga oficial, de los especialistas de la Universidad de Bilbao que estudiaron el caso, etc., ni finalmente de la fiscalía. Se saltaron la normativa, no hubo un plan de actuación tal y cómo dicta el protocolo local, nacional e internacional.

La legislación cántabra, española y europea dicen claramente que la familia extensa tenga prioridad frente a la adopción cuando sea posible. Esto era posible, estaba reclamando al niño. Entregaron en adopción a un niño que no era español sin contar con el país ni con la familia de origen. Algo tendrá que decir Camerún.

Actuaron con indisimulada crueldad: cómo se le puede permitir a un funcionario por muy técnico que se crea “sentenciar”: “jamás volverán a ver a su hijo” o dificultando el poder visitarlo, incluso contraviniendo las disposiciones del juez.

Actuaron del modo más traumático, por la forma cómo se lo llevaron, que un niño de cuatro años tuvo que vivir inevitablemente como un secuestro.

Actuaron con dudosa legalidad, porque resolvieron la adopción anticipándose a la sentencia absolutoria dictada por el juez de lo penal.

Actuaron de forma asocial, coaccionando a la abogada que defendía el caso y amenazando a la guardería y a la cocina económica con retirarle los recursos sociales, por el interés que mostraban en defender al niño.

De hecho, ahora, el caso irá al constitucional por vía administrativa y si tampoco ahí se resuelve, irá ante la justicia europea.

¿El caso de Walter es una excepción o conoces más casos?

Son multitud. Yo he conocido esta misma semana otros dos casos. La ley de protección jurídica del menor es en realidad una ley de desprotección jurídica de las familias. El mundo económico/político que vivimos tiene sumo interés en sacarle rentabilidad a las familias sin otros recursos, institucionalizándolas, estatalizándolas, interviniéndolas. Convirtiendo en materia de consumo su tiempo real y sus expectativas de futuro.

Ahora se habla mucho (y con razón) de los niños que se robaron bajo el franquismo. Pero desde los años 80 para acá se sigue arrebatando multitud de niños, aunque ahora no se “roban”, se “expropian” como si fueran un mueble, como siempre hicieron los regímenes autoritarios.

En la época de Franco si una familia necesitada no se veía capaz de alimentar a sus hijos, entregaba alguno a una institución religiosa que le merecía confianza. Y las familias que deseaban adoptar un niño acudían a esa misma mediación. Todo ello envuelto en gratificaciones económicas. Es fácil imaginar los abusos y aberraciones a que se prestaba tal sistema.

Lo que ahora ocurre es, que en nombre del supuesto interés superior del menor y a cobijo de un ley de protección jurídica, se ha sustituido aquella mediación privada por un abigarrado sistema intervencionista de “técnicos”, psicólogos, pedagogos, logopedas, educadores de fin de semana y etc, etc. Y lo que antes eran “gratificaciones” ahora se ha convertido en “ineludibles servicios” que mueven ingente cantidad de intereses y capital; personas que van a vivir y viven de gestionar e intervenir sobre esas familias y esas indefensas criaturas. Sofisticado y brumoso sistema de tráfico de niños.

Me sorprende la alarma originada por el despropósito de Tramp, de separar a los niños inmigrantes de sus padres, en contraposición con la ciega y sorda indiferencia de nuestra ciudadanía ante los miles de niños que todos los años arrebatan las comunidades autónomas a sus padres. La ley de protección jurídica del menor, que por cierto redactó la interpol en Shegen, lo sacraliza todo.

Y entrando ya en minucias de bulto, me preocupa muchísimo el secretismo, anonimato y la clandestinidad, con que actúan los supuestos “técnicos” o comisarios políticos de intervención en la infancia. Con el pretexto de protegerse. Si tienen que protegerse de las personas sobre las que intervienen es porque nuestros “servicios sociales” han dejado de serlo.

Te proponemos hacer un puente entre la etapa franquista y nuestra actualidad. Queríamos preguntarte por el negocio de la seguridad, la criminalización de la infancia a través del concepto de “peligrosidad” y los años 80.

En los años 80, cuando entró el Psoe, institucionalizaron la infancia: ley de protección jurídica, ley penal de menores, decreto de derechos y deberes de los alumnos. Los “chavales” dejaron de serlo y se convirtieron en “menores” que es un concepto jurídico/penal. Para ello montaron una gigantesca campaña de criminalización. Horas y horas hablando en los medios de comunicación de niños navajeros… toda una estrategia para hacernos creer que los chavales se habían vuelto peligrosísimos. Sobre esa campaña de miedo, se instaló el negocio de la seguridad ciudadana; un negocio que hasta entonces no existía: puertas blindadas, cerrajerías, vehículos equipados, cámaras de videovigilancia, guardas jurados, policías de menores…

Recomiendo sobre este tema un librito que publiqué hace tiempo en la Editorial Popular y que se llama “La calle es de todos”, donde a través de recortes de periódicos de la época, muestro el negocio en que se convirtió la infancia mediante el miedo y la inseguridad. Si lo tomáis con humor, hasta puede ser divertido. Querían que desconfiáramos unos de otros para acabar con el tejidos social y lo consiguieron. Cambiaron la noción de infancia. Ya no son niños como cuando yo lo era. Ahora son menores. Y así van transitando de chiquillos a menores, de menores a clientes, de clientes a usuarios de una plaza, de usuarios a plazas disponibles, porque las plazas no sienten ni padecen.

Miles de familias como estos vecinos de Astillero sobre los que hablamos, se ven solas en situaciones complicadas. De no ser por pequeñas alianzas y gestos solidarios, es más fácil que prolifere el abuso y la violencia contra ellas. ¿Qué es lo primero que hacéis tú y tus compañeros cuando os encontráis con situaciones como esta?

Cuando conocemos un caso, salimos a su encuentro, nos ofrecemos, lo acompañamos.

Imaginate lo que pudo ser para estas personas migrantes del Camerún, que de la noche a la mañana la comunidad cántabra les arrebatase un hijo, les amenazase con 9 años de cárcel por supuestas torturas.

Lo que hacemos y recomendamos es establecer todos los vínculos humanos que sean posibles, para compartir el problema desde dentro.

Lo primero es, estar al lado de sus penurias e incluso de sus posibles errores para que su cambio sea posible. Lo segundo, advertir a la ciudadanía que el miedo la está cosificando, que es necesario recuperar la calle y el tejido social, en una época en donde la sacralización del dinero y el dogmatismo del capital nos está deshumanizando, cosificando.

Debemos crear grupos de apoyo, tejido social, denuncia social.

Fuente: Briega

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