La justicia argentina investigará a Fraga por crímenes franquistas

Fraga y FrancoLa justicia española, no. Es más, la casta política del régimen lo considera una persona clave en lo que ellos llaman la «democracia».

Una juez federal argentina ha pedido al Estado español que aporte información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista -entre ellos Manuel Fraga- en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco, informaron ayer fuentes judiciales. El exhorto de la juez federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977. En esas fechas, con Manuel Fraga como ministro, se produjeron hechos como el fusilamiento en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau, tras un famoso proceso carente de pruebas acusatorias de unos presuntos delitos ocurridos treinta años antes -durante la Guerra Civil-.

Más recientemente, el actual presidente fundador del PP era quien dirigía el Ministerio de la Gobernación (Interior) responsable de la muerte de cinco trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. El exhorto de la juez argentina incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. Asimismo, la juez pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo. Lo que no detallan las informaciones es si en la lista se encuentra el actual rey español, que llegó a ser jefe del Estado de la dictadura durante la enfermedad de Franco.

La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la Justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.

En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella. Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo; y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936; e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937. Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.

La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años. Los demandantes en la causa pidieron ayer a la Cancillería argentina que «acelere» la tramitación de la petición de la juez para que el Estado aporte la información oportuna.

Fuente: http://www.insurgente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9955
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