¿Otra vez las municipales?
Sí, otra vez las municipales. Otra vez, la casta política nos pide que deleguemos en ellos nuestra soberanía. Otra vez, miles de millones de las arcas públicas adornarán las farolas de nuestros barrios y calles, pidiéndonos el voto. Otra vez, nos inundarán con multitud de programas y buenas intenciones que serán olvidadas al día siguiente de los comicios; otra vez, nuestra ingenuidad y mala memoria dará el sustento a una clase política, cada día más alejada de los intereses y necesidades del pueblo.
Inmediatamente después, nuestros delegados «políticos», -nuestros «representantes municipales»-, se reunirán para, en primera instancia, asegurarse sus abultados salarios. Acto seguido, la monotonía que ordena el sistema seguirá su curso preestablecido, los votantes pasarán de nuevo a la hibernación cuatrienal y la casta política seguirá trabajando según el mandato del Estado y de los mercados.
Por tanto, las elecciones municipales, que representan el segundo asalto al poder de la partitocracia -sistema de partidos políticos, con el bipartidismo cada vez más acentuado-, son una herramienta más del Estado para el control ciudadano. Las Instituciones Municipales no poseen poder propio, sea cual sea el grado de autonomía política que tengan, En realidad, no poseen poder en tanto que la legitimidad de sus funciones se la otorga el Estado Central y no pueden revocar las decisiones de éste. Se da una dependencia jurídico-política, ya que los órganos centrales del Estado fijan la estructura y normativa del Municipio, delegándole las funciones de menor rango y reservándose cuanto supone gestión de intereses generales de importancia.
Las Instituciones Municipales pretenden aparecer como defensoras de los intereses generales de los ciudadanos, enfrentándose al Estado en «defensa» de esos intereses. Por ese motivo, ocupan un puesto privi-
legiado en el proceso de integración social de las clases dominadas en tanto aparecen potenciando la «autonomía» de los representantes municipales libremente elegidos.
Ahora bien, la defensa de los «intereses generales» está empequeñecida por carecer de una real participación en el planteamiento y solución de las demandas.
Por otra parte, su carácter representativo es mínimo, ya que la «autonomía» de los representantes está corregida y dominada por la jerarquiza-ción y la subordinación a las instancias centrales del Estado. Por tanto, aun en las condiciones de máxima
apertura de la autonomía municipal para los representantes de las clases dominadas, la política municipal se realiza en el interior del aparato del Estado. Esta es la ambigüedad de la Institución Municipal y de todo lo que en ella se cuece.
El Estado admite la introducción en sus mismas estructuras -las municipales, en este caso- de partidos y organizaciones de las clases dominadas, aunque mantengan posiciones contradictorias con el papel de mantenedor de la cohesión social que la Institución Municipal tiene asignado. El hecho de que las clases dominadas puedan satisfacer con ello ciertas demandas, significa un factor de integración, además de no ser una limitación real al poder de las clases dominantes.
Por otra parte, el municipio burgués considera a los electores despojados de su pertenencia de clase, pretendiendo presentar la vida política «aislada» de las relaciones económicas. Pretende tener un carácter «neutro» y ser garantía del interés general, intentando ignorar la cualidad de trabajadores de los electores, su situación social y la solidaridad de clase.
Es evidente, pues, que el hecho electoral municipal, en vez de dar respuestas a los problemas reales de los sectores dominados, integra a estos en el sistema de dominación y de control de la clase dominante.
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