Un grupo de expertos remite a Medio Ambiente un duro dictamen contra el dragado del Guadalquivir. El informe reclama una «intervención rápida» de las administraciones para revertir una tendencia que amenaza al estuario y al parque.

No hay margen para segundas interpretaciones o lecturas matizadas. Sobre la mesa de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, hay un informe científico concluyente que señala que dragar el fondo del Guadalquivir para permitir que lleguen al puerto de Sevilla buques de mayor tamaño tendría un efecto negativo en el río, su estuario y el parque de Doñana. El proyecto de dragado, impulsado por la Autoridad Portuaria dependiente de Fomento, cuenta con el apoyo expreso de la Junta de Andalucía, que cree posible un dragado «sostenible».

El informe de la Comisión Científica, realizado a partir de un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pide abandonar «definitivamente» la pretensión de dragar el fondo del río y no sugiere ninguna fórmula para hacerlo de forma inocua. En una frase alarmante, el dictamen pide la «intervención rápida» de las administraciones «de modo que se revierta la tendencia actual, que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende, y por tanto al parque nacional de Doñana, cuyas marismas forman parte del propio estuario».

Aunque el diagnóstico general sobre el estuario es poco halagüeño, el informe se centra en desaconsejar el dragado de profundización, que «se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana». El informe sí admite los actuales dragados de mantenimiento en el canal de navegación, «aunque modificando sus condiciones de tiempo, lugar y magnitud» y bajo atento asesoramiento científico.

El informe no es vinculante. La última palabra la tiene ahora Medio Ambiente. Consultado por Público, un portavoz del ministerio declaró que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental está estudiando el dictamen y que pronto habrá pronunciamiento oficial. Los ecologistas ya están en guardia. «El estuario es un ecosistema muy complejo y delicado que no se debe alterar. Exigimos a Medio Ambiente que acate el dictamen. Si no, ¿para qué sirve?», afirma Eva Hernández, responsable de Aguas de WWF. Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, cree que el ministerio «tiene la pelota en su tejado. Ahora no puede poner excusas. O defiende el interés general o defiende el interés del puerto», añade, antes de asegurar que si el ministerio no «da carpetazo» al proyecto, Ecologistas en Acción lo llevará «ante las instituciones europeas» para que estas defiendan algo que «es Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera».

Romero recuerda que en enero el Gobierno español podría verse en una situación embarazosa con la inspección en el espacio natural de Doñana del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Doce expertos

La Comisión Científica a la que el ministerio encargó el dictamen está formada por doce expertos de universidades y centros de investigación en cuestiones como hidrología, zoología o ingeniería, además de varios observadores, todos ellos coordinados por Hermelindo Castro, de la Universidad de Almería.

El resultado de su trabajo, firmado el 12 de noviembre, deja claro que el dragado del fondo es medioambientalmente inviable. «No es recomendable en la situación actual, por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y por limitar severamente la capacidad de minimizar su duración y efectos», señala.

Más amenazas

El dictamen alerta de que el dragado «no es el único proyecto que debe preocupar para el futuro del estuario». Y añade: «La modernización de regadíos del arrozal, la urbanización y construcción de campos de golf en zonas de llanos mareales o los resguardos en Bonanza tendrían igualmente efectos negativos y ninguno positivo para el estuario, Doñana y la costa».

Acerca del dragado en profundidad, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente señaló que la postura del departamento que dirige José Juan Díaz Trillo «sigue siendo la misma que hasta ahora». En octubre de este año, Díaz Trillo afirmó: «El puerto de Sevilla tiene la necesidad de dragar el río, por lo que hay que hacerlo de forma sostenible para mejorar incluso ese entorno privilegiado que es Doñana».

Nueva esclusa

El proyecto de dragado no será fácil de tumbar, por mucho que el informe científico sea más que rotundo. El puerto de Sevilla lleva una década defendiéndolo con uñas y dientes. En una ciudad con un problema de paro enquistado, los 15.000 empleos que el puerto genera de forma directa, indirecta o inducida refuerzan el apoyo institucional a su pretensión de multiplicar el tráfico de mercancías. La idea es convertir a Sevilla en nudo clave del turismo de cruceros mediante un dragado discontinuo del fondo del río que lo hiciera pasar de seis metros y medio de profundidad a ocho.

La intervención permitirá, según la Autoridad Portuaria, el paso de barcos de 300 metros de eslora y 40 de manga, duplicando los cinco millones de toneladas que mueve actualmente el puerto de Sevilla y creando 17.000 empleos en diez años. Y en Sevilla nadie se atreve a toser a quien promete 17.000 empleos, por más que la cifra suene bastante excesiva. Desde el puerto se lanza también el mensaje de que la nueva esclusa, abierta hace escasas semanas tras una inversión de 160 millones de euros, será imposible de rentabilizar sin el dragado que se propone.

Los sucesivos pronunciamientos científicos contra el dragado, así como la presión ecologista, jamás han doblegado la voluntad del puerto de lanzar su proyecto. Tampoco lo consiguió la Comisión Científica, que lanzó en su dictamen este mensaje a la Autoridad Portuaria: «Recomendamos que se desestime definitivamente el dragado de profundización y que, de mantener la Autoridad Portuaria su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de EIA [Evaluación de Impacto Ambiental]».

Fuentes de la Autoridad Portuaria subrayaron que «no es necesario ningún nuevo estudio». Su argumento es que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de octubre de 2003, entregada por el Ministerio de Medio Ambiente con la titular Elvira Rodríguez (PP), es suficiente.