Imperio de Cárceles: Cómo los Estados Unidos están extendiendo el encarcelamiento en masa alrededor del mundo

A continuación, un artículo que explica cómo los Estados Unidos están exportando su modelo de encarcelamiento en masa y control social y político hacia al menos 25 países. Este” imperialismo penitenciario” tiene sus raíces en el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano firmado en marzo 2000 por la Embajada de EE.UU. y el Ministerio de Justicia de Colombia. Dicho programa coincidió con el rápido aumento de la población carcelaria de Colombia, incluyendo un aumento en las detenciones políticas y en la militarización del sistema penitenciario. Otros aspectos de esta experiencia son el incremento en el hacinamiento, los abusos a los derechos humanos, y las condiciones insalubres. Sin embargo, la colaboración entre Estados Unidos y Colombia se ha convertido en el estándar del imperialismo penitenciario en todo el mundo, y los programas de entrenamiento colombianos forman uno de sus componentes críticos. La intervención de los EE.UU. en sistemas penitenciarios internacionales se lleva a cabo por varias agencias gubernamentales, incluyendo la Oficina de Prisiones de los EE.UU (BOP por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Pentágono, y bajo el Departamento de Estado: la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL); la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y Asuntos Laborales (DRL); y la oficina para Asuntos Consulares. También participan sistemas penitenciarios estatales. Este artículo proporciona una mirada minuciosa al imperialismo penitenciario en Colombia, México y Honduras, y concluye con un examen de resistencia internacional al modelo de los EE.UU que presentan aquellos que son prisioneros del imperio y sus aliados. El autor desea agradecer al grupo de defensa de los derechos humanos colombiano, Lazos de Dignidad, por su inestimable ayuda en la investigación y desarrollo de las ideas presentadas en este documento, y por su incansable defensa de los presos políticos de Colombia. Este artículo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Lazos y la Alianza por la Justicia Global (AfGJ por sus siglas en inglés) con miras a exponer y resistir al imperio penitenciario y de apoyar su antídoto: la paz con justicia, y una democracia verdadera y participativa.

Imperialismo penitenciario- una visión general…

Los Estados Unidos, el país que lidera mundialmente las tasas de población reclusa, está exportando su modelo de encarcelamiento en masa a los países en desarrollo alrededor del mundo. Este “imperialismo penitenciario” es uno de los componentes básicos de la infraestructura del Imperio. Junto con la militarización de las fuerzas policiacas y de las fronteras, el encarcelamiento en masa permite a las economías neoliberales gestionar por la fuerza y la intimidación las inevitables consecuencias del capitalismo global: la gran ruptura social y la creciente disidencia política. (El neoliberalismo es un sistema donde la rentabilidad es valorada por encima de cualquier otro valor social, y en los países en desarrollo del imperio estadounidense está respaldado por las fuerzas militares de los EE.UU. y sus aliados.)

Desde el año 2000, se ha producido una explosión en los esfuerzos de los EE.UU. para aumentar y reestructurar los sistemas penitenciarios internacionales, o brindando formación de personal en los centros penitenciarios, y/o por medio de la construcción de nuevas cárceles en al menos 25 países distintos. La primera de estas actividades fue el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano, firmado por la Embajada de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia y del Derecho de Colombia, el 31 de marzo de 2000.

Por los años 2002 en Afganistán, y 2003 y 2004 en Irak, los Estados Unidos ya estaba construyendo y administrando cárceles como parte de la invasión y ocupación de esos países. Estos programas se conectan desde el inicio de la denominada “Guerra Global contra el Terrorismo”, así como la “Guerra Contra las Drogas”, a través de las cuales se han financiado muchos de los proyectos penitenciarios. Estrechamente relacionada, se encuentra la creación del campo de detención de Guantánamo en enero de 2002. Muchos han escuchado las historias horribles sobre los abusos en Abu Ghraib, Guantánamo, y en los campamentos militares de detención en Bagram. Lo que la mayoría no sabe, es que la intervención de EEUU en centros penitenciarios extranjeros se ha convertido en un asunto mundial y no sólo en asociación directa con sus ocupaciones militares.

Se ha establecido la base en Colombia….

Las terribles condiciones que resultaron de la colaboración inicial entre los EE.UU. y Colombia, y que asentaron la base para futuros programas penitenciarios internacionales, casi no recibieron cobertura alguna por los medios de prensa. Su financiación comenzó con una donación inicial de los EE.UU de 4,5 millones de dólares. La primera prisión construida fue la penitenciaría de Valledupar, comúnmente conocida como la Tramacúa, y terminada en noviembre del 2000. Las condiciones de la Tramacúa son tan malas, que los presos solo tienen acceso al agua limpia durante un promedio de 10 minutos al día, las instalaciones sanitarias no suelen funcionar, la tortura es común, el abandono de la atención de salud es sistémico, y autoridades colombianas y de las Naciones Unidas, tanto como observadores internacionales independientes, y en tres diferentes ocasiones, han documentado la presencia de materia fecal en la comida de la cárcel.

Las razones citadas para justificar el programa de reestructuración penitenciario de Colombia fueron el tratar de aliviar el hacinamiento, y mejorar las condiciones en las prisiones. Sin embargo, el propio acuerdo vincula al proyecto más explícitamente a la Guerra Contra las Drogas. El documento afirma que, “Dentro del objetivo del programa de control de narcóticos, el proyecto de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano busca consolidar estrategias tendientes a controlar las acciones ilícitas cometidas desde el interior de los penales por las personas que pertenecen a grupos al margen de la ley y que están relacionadas con el tráfico y con crímenes de lesa humanidad.”

El documento pasa a declarar que: “El apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos al Ministerio de Justicia y del Derecho- INPEC, será suministrado bajo este Apéndice del Plan Colombia Suplementario y las asignaciones anuales del Departamento de Estado/ Bureau de Asuntos Narcóticos Internacionales y de Aplicación de la Ley (INL)”

La realidad es que este programa tiene poco que ver con el narcotráfico y “crímenes de lesa humanidad”. Esto es obvio en el doble stándard que se aplica en las cárceles colombianas. Los grupos paramilitares de la derecha y las pandillas narcotraficantes son a menudo uno y el mismo, y estas mismas organizaciones paramilitares, junto con las fuerzas armadas, han sido responsables del 70 al 80% de la violencia política y atrocidades cometidas durante los más de 50 años de la guerra civil colombiana. Sin embargo, los paramilitares y los grandes narcotraficantes y sus asociados, regularmente gozan de privilegios y favores mucho más allá de lo que está a disposición de cualquier preso común. Por supuesto, la mayoría de ellos rara vez ven el interior de una cárcel. Los que asesinan a sindicalistas y defensores de los derechos humanos disfrutan de un 98% de impunidad por sus crímenes, y muchos han sido condenados solo con arresto domiciliario, raramente una opción para los presos políticos de Colombia.

Un artículo del 2008 publicado en el semanario colombiano La Semana, expuso como en la prisión de máxima seguridad, Itaguí, los presos paramilitares estaban usando teléfonos celulares para organizar asesinatos y otras operaciones violentas. En un espacio común, cerca de los calabozos de los líderes paramilitares , la instalación de cámaras de seguridad no estaba funcionando y una búsqueda encontró una pistola, granadas, y dinero en efectivo escondido dentro de libros. La Semana cuestionó a la directora de la prisión, Yolanda Rodriguez, acerca de esto, a lo que ella respondió, que siempre que trató de hacer algo en contra de los privilegios de los paramilitares encontró sus “manos atadas”. Dijo que a menudo recibe comunicaciones de altos funcionarios del gobierno, entre ellos los Directores Regionales y Generales del INPEC y del Ministro de Justicia, ordenando cambios de reglas en favor de los presos paramilitares.

Wilson Jerez Jaime, age 20, prisionero de guerra capturado por las Fuerzas Armadas de Colombia el 20 de julio, 2013. Jerez padeció varios disparos en el hombro izquierda. Las autoridades le trasludaron a Jerez al penitenciario La Picota en Bogotá donde para mas de cuatro meses, no recibió tratamiento médico, dejandole sin capaz de caminar y con lesiones graves por la negligencia.  Las úlceres por decúbito son evidente en la foto.
 
La experiencia es muy diferente para la población en general y especialmente para los presos políticos. De hecho, las cárceles colombianas se han convertido en teatros de guerra. Mientras que los presos comunes ya tienen que hacer frente al hacinamiento, el abandono y los malos tratos, estos se multiplican en gran manera con los presos políticos y prisioneros de guerra para con quienes los ataques directos y las torturas, son ocurrencia comunes. Los carceleros profesionales están siendo reemplazados por actuales y ex miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, incluyendo varios casos de graduados en la Escuela de las Américas ahora a cargo de establecimientos penitenciarios.

Parte del legado de la involucración por parte de los EE. UU., ha sido el establecimiento en las cárceles de los comandos Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORE). Estas unidades de operaciones especiales estilo SWAT han lanzado ataques contra los presos políticos y prisioneros de guerra en múltiples ocasiones, especialmente contra los que participan en huelgas de hambre y otras formas de protesta no -violenta. Raquel Mogollón visitó la prisión Tramacúa representando a AfGJ poco después de un ataque en junio de 2011 por el GRI y CORES contra presos en huelga. Muchos de los reclusos en protesta improvisada se habían suspendido en hamacas y cables conectados a las barandillas de hasta 5 pisos de altura. En un artículo de AFGJ sobre la visita de Mogollón, ella informa que:

“El GRI llevó estas pequeñas y desagradables colchonetas, de unos 5 centímetros de grosor, y las pusieron en el suelo. Cuando empezaron a cortar los cables y las hamacas de los presos, esperaban que los reclusos cayeran sobre las colchonetas. Algunos lo hicieron, otros no. Un preso tras otro, informó que pudieron contar entre 50 y 60 los proyectiles que fueron despedidos.

El prisionero, Wilson Rodríguez, dijo que había sido lanzado desde el cuarto piso. Fue uno de los cinco prisioneros llevados inconscientes de la cárcel y hospitalizados. Más tarde fue encerrado con acceso a agua por sólo cinco minutos al día. Osvaldo Guzmán Toro habría sido lanzado desde el tercer piso. Rodríguez agrega, “habían puesto estos pequeños colchones fingiendo su uso para nuestra seguridad, pero algunas personas estaban siendo empujadas o cortadas desde el quinto piso. “

Mogollón describió a los guardias GRI que llevaron a cabo los ataques diciendo que,

” …lucían como equipos de SWAT, con escudos, cascos y todo. Varios de los detenidos declararon que suplicaron con los GRI para que no atacasen, afirmando que no deberían estar allí, que la huelga se desarrolló en forma pacífica. Pero los GRI respondieron que estaban obedeciendo órdenes y que no podían volverse atrás. En concreto, los reclusos dijeron que los GRI les comunicaron que habían sido “ordenados por el Ministro y el General…”

Mogollón informó que,

“Al menos tres reclusos me dijeron que los guardias los desnudaron y les dispararon botes de gas lacrimógeno hacia sus genitales. Dijeron que durante los ataques los guardias estaban usando “pimienta, pata y palos”. Los reclusos informaron que algunos de los botes que fueron disparos fueron del tamaño de sus antebrazos, algo así como 40 centímetros de largo.”

¿Cuáles han sido los resultados generales del programa colombo-estadounidense de mejoramiento del sistema penitenciario colombiano? En lo que respecta al hacinamiento, el problema no ha disminuido, sino que ha empeorado. Según la Defensoría del Pueblo, la tasa de hacinamiento es del 58 %, el peor de la historia, y algunas cárceles están superpobladas por tanto como el 400 %. En 1998, dos años antes del inicio del programa, la población de las cárceles colombianas, según el INPEC, se encontraba en 51.633 . En 2007, la población había aumentado a 63.603 . En diciembre de 2013, el número de presos ha llegado a 120.032 .

La tortura se ha convertido en una práctica generalizada. La oficina de control disciplinario interno de la INEC documentó 79 casos de abuso verbal o físico contra los presos durante los primeros seis meses de 2008. Estos incluyeron golpes, rotura de huesos, negación de asistencia médica, amenazas de muerte, acoso sexual y el amarrar a los presos con ambas manos y pies esposados. En una encuesta de 230 presos en el 2008, el 54% de los encuestados respondió que había sido torturado en la cárcel, mientras que el 46% no contestaron a la pregunta, posiblemente por temor a represalias. La tortura psicológica fue reportada por el 86% de los que sí dieron sus respuestas, en particular el aislamiento, las amenazas a los familiares y la simulación de ejecuciones.

Otra característica del modelo colombiano ha sido el traslado en masa de presos lejos de sus familias y amigos. Para las familias pobres, estas transferencias hacen que sea virtualmente imposible mantener contacto con sus seres queridos. Cuando los miembros de la familia si tienen la posibilidad de visitar, con frecuencia son sometidos a tratos humillantes, y cambios repentinos en las reglas, los que a menudo resultan en negarles el poder entrar en las instituciones penales.

La tasa de aumento de presos políticos ha subido considerablemente. En una reunión con la organización colombiana, MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) en 2009, se le informo a AFGJ que, entre 1992 y 2002, hubo unas 2.000 detenciones políticas, probablemente arbitrarias, que más tarde fueron rechazadas por los tribunales. Entre 2002 y 2006, hubo 8.000 detenciones de esta índole. Por lo general, los detenidos fueron acusados de “rebelión” basado en pruebas falsificadas y el testimonio de testigos pagados. Por lo general, los cargos fueron retirados después de que los “sospechosos” sirviesen un promedio de dos a tres años de cárcel. Miles de otros presos de conciencia y aquellos encarcelados con trampas incriminatorias por sus actividades políticas no violentas no logran que sus cargos sean retirados y son condenados a pasar largos años en la cárcel. Los prisioneros de guerra, que constituyen una minoría de los presos políticos, son tratados de la peor manera de todas. El contexto social y político de su encarcelamiento ha sido en gran medida desconocido o negado, aunque ahora, y dentro del actual proceso de paz, probablemente se le hará frente a su situación en el marco de las negociaciones, claro está, siempre y cuando estas no sean desbaratadas por la extrema derecha colombiana.

Estadísticas exactas no están actualmente disponibles en relación con las tasas de arrestos políticos de hoy en dia. Sin embargo, sobre la base de la experiencia del AfGJ y por lo que estamos escuchando de nuestros compañeros y contactos en Colombia, todo parece indicar que la tasa no ha disminuido sino que ha aumentado, especialmente desde la fundación del movimiento popular para una paz justa, Marcha Patriótica. Los dirigentes y miembros de Marcha Patriótica han sido destinados específicamente para la represión. El estado está especialmente apuntando a la detención de los líderes de huelgas de agricultores y de dirigentes sindicales.

Honduras…

Colombia ha proporcionado el patrón de involucración estadounidense en los sistemas penitenciarios internacionales, incluyendo la institucionalización de abusos que se están actualmente exportando alrededor del mundo. Sobre todo, el modelo colombiano se ha aplicado en México y América Central, donde los EE.UU. (y Colombia) han participado en programas penitenciarios desde el año 2009. Una vez más, estos han sido financiados y supervisados como parte de la Guerra Contra las Drogas a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés). Preocupa mucho el apoyo que los EE.UU. han brindado a Honduras tras el golpe de estado de 2009. Desde ese momento, los informes de abusos contra los derechos humanos se han disparado. En el año 2012, el subsecretario del INL, William Brownfield, visitó los países de América Central ofreciendo fondos de un paquete de $200 millones de dólares destinados a la lucha contra el narcotráfico, reforzando asi los departamentos de policía, las fronteras, los tribunales y las cárceles.

En su visita a Honduras en marzo de 2012, Brownfield designó $1,75 millones de dólares adicionales a Honduras para gastar en la seguridad penitencial, policíaca, fronteriza y portuaria. En su anuncio, Brownfield cubrió de elogios al gobierno hondureño golpista y a las Fuerzas Armadas. Un portavoz del Departamento de Estado dijo de la visita “En su asociación con las fuerzas del orden hondureñas, los Estados Unidos tiene como objetivo aumentar los esfuerzos contra el tráfico de drogas, fomentar la seguridad ciudadana, y ayudar a los jóvenes a buscar alternativas a las pandillas.” En mayo del 2012, el gobierno de los EE.UU. autorizó otros 50 millones de dólares de ayuda para con la seguridad de Honduras.

El informe de Human Rights Watch del 2014 sobre Honduras, sostiene,

“Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes. Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.…

La impunidad por graves abusos cometidos por la policía es un problema crónico. De enero 2011 a Noviembre 2011, la policía mató a 149 civiles, incluyendo a 18 personas menores de 19 años de edad, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces comisionado de la Policía Preventiva, Alex Villanueva, confirmó las conclusiones del informe y dice que hay muchos más homicidios por parte de la policía que nunca se reportaron…”

Específicamente en lo que respecta a las prisiones, un informe del 13 de Febrero, 2014 por Marcos Rodríguez de la red de radio HRN nos informa que,

“Las investigaciones de HRN, revelan que el hacinamiento en las cárceles del país se ha disparado en un 300 por ciento….Actualmente las capturas por parte de la policía se incrementaron en un 35 por ciento de acuerdo a cifras oficiales…..De seguir este record….se calcula que para finales de 2014, la población penitenciaría en Honduras podría superar los 19 mil internos….En estos instantes las 24 cárceles del país, están ocupadas por casi 13 mil internos, sin embargo el sistema solamente tiene capacidad para 8,500 reos, esto significa un hacinamiento aproximado del 49 por ciento.”

México…

En México, los Estados Unidos está financiando la construcción de hasta 16 cárceles federales nuevas y está asesorando una “reforma” penitenciaria general basada en los modelos estadounidenses y colombianos. El Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) #11 en la ciudad de Hermosillo, Sonora es la primera prisión mexicana construida con una inversión privada y será administrada por una empresa con fines de lucro por los próximos 20 años. Fiel a sí mismo, la apertura de Ceferso #11 fue ocasionada con la transferencia masiva de 1.849 prisioneros de todas partes de México. Cinco meses después de la transferencia, a los prisioneros se les sigue negando el acceso a sus familias y a equipos de defensa jurídica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) visitó al CEFERESO #11 en octubre de 2013, un año después de su instalación, para investigar las condiciones en las prisiones con fin de lucro en México, e informó que en la institución había “… incluso más graves deficiencias de las que se encuentran en otras cárceles de la República de México sin capital privado.” Los abusos identificados por parte de la CNDH incluyen las transferencias arbitrarias y repentinas, largos períodos de incomunicación, el ser mantenido en el calabozo por períodos excesivamente largos, ningún sistema de clasificación para los presos, la carencia de alimentos, mala calidad de los servicios de salud, la falta de deporte, recreación y actividades culturales, la falta de trabajo y capacitación para empleo, y falta de personal. En sólo 4 meses, la CNDH recibió 47 denuncias de transferencias repentinas a CEFERSO #11 sin previo aviso o notificación alguna a las familias o representantes legales.

Y si bien las cifras exactas no son fácilmente disponibles, los informes de varios sectores en México indican un aumento significativo de las detenciones por motivos políticos desde el envolvimiento de los EE.UU., incluyendo detenciones notables por motivos políticos de líderes sindicalistas e indígenas.

Una vez más, la Guerra Contra las Drogas es la principal razón esgrimida para la involucración estadounidense en el sistema penitenciario mexicano. Con una tasa de impunidad del 98% para con los delitos violentos, uno debe dudar de la veracidad de esta justificación, así como lo debemos hacer igualmente para con Colombia, Honduras y otros países. Según un informe del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en coalición con tres organizaciones mexicanas de derechos humanos, el 60% de los encarcelados en México lo son por casos de delitos menores, y sólo el 12%lo son por delitos graves como el asesinato, la violación y robo con violencia. Una vez más, tenemos que afirmar lo evidente: Las instituciones penitenciarias financiadas y reestructuradas por los Estados Unidos tienen más que ver con el control social y político, que con el tráfico de drogas. La construcción de cárceles federales en México es como si fuese el mellizo al sur de los centros de detención de inmigrantes del lado estadounidense de la frontera. Estos centros privados de detención de inmigrantes obtienen sus ganancias de la miseria de las poblaciones desarraigadas por las políticas neoliberales impuestas por el gobierno de los EE.UU. y las oligarquías estadounidenses y mexicanas y del desplazamiento de las comunidades rurales, cual vacío está siendo cubierto por la proliferación de narco-bandas extremadamente violentas.

Colombia como socio del imperialismo penitenciario….

En México, América Central y otras partes del mundo, los EE.UU. ha reclutado a Colombia como un socio importante en el imperialismo penitenciario. Tanto en colaboración con los EE.UU. como de forma independiente, Colombia opera sus propios programas de formación a nivel internacional. Entre el 2009 y el 2013, Colombia ha dado formación a 21.949 estudiantes internacionales, incluidos militares, policías, funcionarios judiciales y penitenciarios. La mitad de los que reciben capacitación son de México. Honduras, Guatemala y Panamá son los otros principales beneficiarios de este programa de formación.

Una hoja de datos del 14 de abril de 2012 producido por el Departamento de Estado de EE.UU. sobre la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia (CSDI por sus siglas en inglés), informó que Colombia había entrenado a más de 11.000 agentes de policía en 20 países de África y América Latina, así como en Afganistán. También informando que “Colombia ha capacitado a más de 6.000 funcionarios federales y estatales de México encargados de hacer cumplir la ley, más de 500 prostectores y personal judicial, y a 24 pilotos de helicóptero. Los guardias y funcionarios de instituciones penitenciarias están incluidos entre los “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

El general John Kelly, quien supervisa el Comando Sur de los EE.UU., dijo en una audiencia del Congreso estadounidense de 29 de abril de 2014 que:

“La belleza de tener una Colombia – son tan buenos colaboradores, especialmente en el ámbito militar, son tan buenos socios con nosotros. Cuando les pedimos que vayan a otra parte a capacitar a los mexicanos, los hondureños, los guatemaltecos, los panameños, lo hacen casi sin hacer preguntas. Y lo hacen por su propia cuenta. Son tan agradecidos por lo que hemos hecho por ellos. Y lo que hicimos por ellos fue, realmente, alentarlos por 20 años, y han realizado un trabajo magnífico.

Pero por eso es importante que ellos vayan, porque yo estoy -al menos en el lado militar- restringido de trabajar con algunos de estos países debido a las limitaciones que están realmente basadas en pecados pasados. Y lo dejo ahí.”

El imperialismo penitenciario en el mundo…

De acuerdo con un informe sobre las condiciones de prisiones Internacionales publicado por la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado, los EE.UU. han participado en programas penitenciarios en al menos 25 países desde el año 2000. Otros organismos del departamento de estado que participan en programas internacionales, además de la DRL, incluyen a la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL) y Asuntos Consulares. El informe se refiere también a la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina Estadounidense de Prisiones, y varios sistemas penitenciarios estatales.

En 2003, la INL junto con el Departamento de Justicia y con el Programa Internacional de Asistencia Técnica para Investigaciones Criminales (ICITAP por sus siglas en inglés)) encabezó los esfuerzos del gobierno de EE.UU. de restablecer el sistema de seguridad nacional de Irak. Hoy, la INL está financiando 23 programas en el exterior en colaboración con agencias federales y estatales. El informe también nos dice que “en el sur de Sudán, por ejemplo, la CPI ha comprometido $6.5 millones desde 2010 en apoyo del primer centro de formación para los funcionarios penitenciarios, la academia de formación, Lologo. De igual manera, desde 2010, el DRL ha gastado 5 millones de dólares en programas por todo el mundo, incluyendo en Irak, Marruecos y Corea del Sur.

A lo que este documento le quita importancia quizás sea mucho más notable que cualquier otra cosa. En todo el informe, Colombia sólo tiene la siguiente mención: “En Haití, Colombia, El Salvador y Guatemala, las misiones de la USAID han estado tratando de resolver el hacinamiento en las cárceles a través de la reforma de los códigos penales y de la mejora de los procesos como la solución alternativa de disputas para reducir la cantidad de tiempo que las personas pasan detenidas antes de su juicio.” Un apéndice establece que “… las condiciones de los centros de detención penitenciaria en los siguientes 25 países cuyos gobiernos reciben asistencia por parte de los Estados Unidos alzan graves preocupaciones humanitarias y acerca de los derechos humanos…” en ningún lugar de la lista está Colombia.

De igual modo, el informe minimiza el papel de la Oficina Federal de Prisiones estadounidense (BOP, por sus siglas eh inglés), dejándonos saber que “la Oficina Federal de Prisiones… también ha proporcionado asistencia para la reforma penitenciaria a 17 países. Esta ayuda se compone principalmente de visitas de delegaciones extranjeras a las instituciones de BOP y reuniones informativas con sus funcionarios sobre varios temas que van desde la gestión de los prisioneros y el personal interno, a los derechos de los presos y los servicios penitenciarios.” De lo que no nos informan es de algo sobre los grandes proyectos de construcción realizados con la supervisión de BOP en Colombia y México, ni sobre el grado de asesoramiento, dirección y acreditación en la reestructuración de los sistemas penitenciarios que BOP ofrece a esas naciones.

También no se menciona los centros militares de detención estadounidenses. Es con supervisión militar que las transiciones de estos centros hacia instituciones civiles se llevan a cabo. Ya hemos visto el ejemplo de la INL y otros organismos que, en medio de la invasión y ocupación de Iraq, fueron encargados con la creación de un nuevo sistema penitenciario. El imperialismo penitenciario estadounidense es uno de los muchos hilos que tejen juntas las ramas civil y militar de su gobierno.

En conclusión, y en resistencia…

Para nosotros, en los Estados Unidos, es importante que recordemos que los programas penitenciarios internacionales de este país son reflejos y extensiones de nuestra propia situación interna. Los Estados Unidos tiene la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. Esta tasa casi se ha cuadruplicado desde 1980 pese a la disminución del índice de delincuencia. En 1980 la tasa fue de 221 por cada 100.000 residentes. Hoy la tasa es 716 presos por cada 100.000. El número de presos federales de los EE.UU. ha aumentado en un 790% desde 1980. Así pues, podemos ver que esta expansión en el extranjero es paralela a lo que está sucediendo en casa. Para poner la cuestión en perspectiva, los EE.UU. tiene 700.000 más presos que China, aunque China tiene cuatro veces más población.

El sistema penitenciario tiene más de 80.000 personas en confinamiento solitario. En el año 2012 el Departamento de Justicia estima que solo este año, han habido 216.000 víctimas de violaciones en las cárceles. Tenemos más presos políticos de los que pocos saben o quieran reconocer, y nuestros derechos fundamentales de protesta y disidencia están siendo socavados y hasta criminalizados casi a diario. El hacinamiento, negación de servicios de salud, malos tratos físicos y torturas, la falta de seguridad, la falta de capacitación para el empleo, los servicios de rehabilitación, la reubicación forzosa lejos de las comunidades de origen y de la familia y la negación de acceso a visitantes y asesores legales por largos períodos de tiempo son todas las características del imperialismo penitenciario que están arraigadas en las políticas y prácticas del sistema penal de los EE.UU. No hay ni que decir que el inicio de la resistencia contra el imperialismo penitenciario debe comenzar por casa.

Pero no se debe detener allí. Tenemos que unir nuestras luchas con las luchas internacionales. Hemos visto cómo el experimento que empezó en el año 2000 en Colombia se ha extendido a Afganistán, Irak, México, Honduras, Sudán del Sur y alrededor de todo el planeta. Enfocándonos especialmente en los ejemplos de Colombia, México y Honduras, empezamos a ver el tipo de resultados y las preocupaciones que debemos identificar al examinar al imperialismo penitenciario en otros países.

El gobierno de los EE.UU. está claramente difundiendo un imperio penitenciario en todo el mundo. Y con la misma claridad, en todo el mundo, los prisioneros del imperio se resisten a los abusos. El 25 de julio de 2013, el AfGJ informó acerca de una huelga de hambre en una prisión colombiana que, sin planificación, estaba ocurriendo al mismo tiempo que las huelgas de hambre que estaban tomando a lugar en California y en otras partes, señalando que,

“Los presos en la Penitenciaría Doña Juana en Colombia están a mitad de su tercera semana en huelga de hambre para exigir mejores condiciones. Situado en La Dorada, Caldas, la cárcel es una de las cárceles construidas con asesoría y financiación de los EE.UU. y parte de la “nueva cultura penitenciaria”. Típico de las prisiones son el hacinamiento, la falta de tratamiento médico, así como de la concentración de los presos políticos, las palizas y otras formas de tortura por parte de los guardias de la prisión… no es por casualidad que los presos en Doña Juana, y los presos en el sistema penitenciario de California comenzasen las huelgas de hambre en el mismo día. Dichas huelgas son, o han sido también llevadas a cabo en Guantánamo y Afganistán. Desde California hasta Colombia, todos están protestando contra el “imperialismo penitenciario” que encarcela a la población en altas tasas y utiliza prácticas inhumanas, tales como la reclusión en régimen de aislamiento, la tortura y la denegación de servicios para deshumanizar a las personas encarceladas.”

Poco después de que la declaración anterior fuese diseminada, AfGJ también se enteró de similares huelgas de hambre en los centros de detención de inmigrantes en Arizona.

La concientización internacional y la vinculación entre nuestras luchas, es algo que apenas está empezando a suceder y a crecer. Estamos viendo como estas luchas se unen espontáneamente y por accidente. Estos movimientos no sólo resisten el modelo estadounidense de encarcelamiento en masa: se resisten al propio imperio. Si estos movimientos pueden llegar a ser más conscientes los unos de los otros, y a estar interconectados compartiendo solidaridad internacional, puede ser que sea más que sólo los establecimientos penitenciarios lo que se libere.

James Jordan, Alianza por la Justicia Global
Traducido por Adrian Boutureira Sansberro
Extraído de: TOKATA 
Fuente: http://contrainfocruznegra.blogspot.com.es/2014/10/imperio-de-carceles-como-los-estados_10.html 
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio