Hace cuatro años, el informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa desvelaba que 18 de las 35 firmas españolas del IBEX -las más importantes de las que cotizan en la bolsa española – se refugiaban en paraísos fiscales para evadir los impuestos que deberían pagar al Estado.

El último informe de este organismo revela ahora que ya son 30 las compañías que están recurriendo a este tipo de prácticas, estableciendo filiales en territorios en los que no realizan actividades operativas pero que les ofrecen ventajosas condiciones fiscales.

Lo más más significativo de estas prácticas de elusión fiscal, con todo, es que son absolutamente legales. El hecho de que estas compañías, la mayoría de las cuales ha continuado obteniendo beneficios a pesar de la Crisis, no contribuyan proporcionalmente con sus impuestos al sostenimiento de las arcas públicas no viola ninguna normal española o internacional.  Así, no es extraño que mientras en el año 2010 los ciudadanos españoles entregaron a Hacienda el 11,5% de sus ingresos, empresas del IBEX-35 aportaran solamente el 9,9% de sus beneficios. El estudio del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala, además, que ninguna de las firmas del IBEX  ofrece datos desglosados de los impuestos que pagan en cada uno de los países en los que están presentes.

Esta fuga legal de capitales se produce coincidiendo con la aplicación de los mayores recortes en prestaciones sociales y salarios de los últimos treinta y cinco años, efectuados para cumplir las reducciones del déficit público impuestos por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo.

UNA LEGISLACIÓN MUY «BENÉVOLA» CON LOS PARAÍSOS FISCALES

A nivel internacional no se ha logrado alcanzar un consenso para definir qué países son considerados  paraísos fiscales. La legislación española, sin embargo, parece haber adaptado dicha definición a las necesidades y prácticas de sus principales empresas.  En España, el criterio para considerar un país como paraíso fiscal  es que estén incluidos en la lista del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio. Originalmente, el decreto enumeraba 48 territorios. En el año 2003 fue modificado para  precisar que se excluiría a aquellos países que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. En los dos últimos años, la proliferación de este tipo de acuerdos ha provocado que  la lista quede sensiblemente reducida.

Pero los  convenios firmados por España  no impiden que las grandes empresas evitas pagar sus impuestos en los países donde generan el beneficio, sin incumplir por ello ningún precepto legal. Por esta razón el  Observatorio de Responsabilidad Social Corporativaseñala que el hecho de que se suscriban acuerdos sobre intercambio de información fiscal no puede considerarse suficiente como para quitar la condición de ‘paraíso’ a un país.

El listado del ORSC incluye un total de 75 territorios y ha sido elaborado utilizando fuentes especializadas como las listas publicadas por la OCDE y la organización especializada Tax Justice Network, además del Informe Hamon del Parlamento Europeo.

Belice es uno de los países incluido en estas tres listas y que no aparece en el Real Decreto español. Esta permisividad permitió recientemente al que ex secretario del Instituto Nóos afirmar  que no cometió ningún delito al crear una sociedad en ese pequeño Estado centroamericano,  cuando ejercía como contable de entidades gestionadas por el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

El informe del ORSC pone de manifiesto que son operaciones corrientes en el panorama empresarial español  compraventas de fuel domiciliadas en Delaware o producciones de hidrocarburos de Ecuador domiciliadas en las Islas Caimán.