Recordemos como se generó la deriva caníbal. Al principio de la crisis europea el presidente de la CEOE, el muy malhechor Gerardo Díaz Ferrán, sugirió poner la Caja de la Seguridad Social, cerca de 60.000 millones de euros generados por el sudor de varias generaciones de trabajadores, al servicio de la patronal en momentos de vacas flacas. Era la época de “estamos en la liga de campeones y vamos hacia el pleno empleo”, que decía el presidente Zapatero.
Con los apuros de una Grecia asediada por los mercados, los acreedores acariciaron la posibilidad de que la nación helena vendiera sus islas para hacer frente a los compromisos financieros. Luego, convertido ya el gobierno de Atenas en diana de depredadores, sectores del empresariado alemán y de sus instituciones tentaron la posibilidad de que el rescate se respaldara en divisas oro o poniendo como aval el mismísimo Partenón.
Se libraba la ofensiva contra los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), una funesta saga cuyo último episodio hasta ahora busca cebarse en nuestra la piel de toro. Con mucho menos porcentaje de deuda en relación al PIB que Alemania y Francia, España va a reformar en un santiamén la constitución por imposición de Sarkozy y Merkel. Así eran históricamente las capitulaciones ante un ejército extranjero. Porque estamos ante un problema exclusivamente político. La decisión unilateral de unos autócratas que afecta negativamente a una mayoría de la población. No valen reconvenciones catastrofistas. También la constitución de 1808 (Estatuto de Bayona) fue una iniciativa transada entre el invasor francés y las clases dominantes que únicamente la lucha decidida del pueblo lograría desbaratar.
La última hazaña del PSOE y del PP reincide en la tradicional ley del embudo, amplio para los poderosos y estrecho para los humildes. El pacto por el que se incluye en el texto de la Constitución, al margen de la voluntad de los ciudadanos, la estabilidad y el equilibro presupuestario en las cuentas públicas, limitando de facto los recursos que el Estado puede utilizar para los gastos sociales, hace cómplices ideológicos a los partidos que juegan a ser rivales y competencia. Un acuerdo despótico realizado, además, en el contexto de un sistema cuya cultura económica, estimulada hasta el empacho por el marketing, la publicidad y la propaganda, está basada en el endeudamiento privado y el crédito fácil.
Se trata de un trágala contra la soberanía nacional y sin justificación en las estadísticas. La deuda pública española estaba en 2010 en el 67% del PIB, una de las más bajas de la eurozona, mientras la deuda privada exterior alcanzaba el 175% del PIB, una de las más altas del mundo. Esa brecha financiera público-privado lo contamina todo. La doctrina (ex cathedra) del techo de gasto para lo público-social se da de bruces con el no techo -y el sí suelo- que rige a cara de perro para las hipotecas que millones de españoles tienen con la gran banca que incubó la crisis.
Este saqueo ha sido posible porque varias generaciones de españoles, embebidos por el espejismo del consumo voraz, una movida europeísta de escaparate y una no menos falsa verbena democrática, dejaron la gestión de sus vidas a la clase política, sus teóricos representantes, sin importarles que en su renuncia al autogobierno comprometían la raíz misma de su autonomía personal. Servidumbre voluntaria de la que hacen ostentación el PSOE y el PP en temas como negar un referéndum para refrendar la modificación de la Constitución en un aspecto vital para la comunidad; la pretensión de eliminar las Diputaciones como si se tratara de un avance, cuando éstas (por cierto, base para la circunscripción electoral) pueden ser una expresión de democracia de proximidad en el entorno del municipalismo histórico, o el proyecto (también iniciativa de la izquierda instalada) para ningunear la acción popular en los tribunales de justicia.
Es curioso el gran esfuerzo que hacen los líderes políticos para reforzar su monopolio representativo asfixiando todo formula federal o solidaria, por débil que sea, que mantenga la idea de una cierta democracia directa a cargo de la ciudadanía. En el pacto para el límite presupuestario que PSOE y PP quieren llevar al texto constitucional también está presente esa obsesión liberticida. Según la norma consensuada, solamente se exige equilibrio estricto en las cuentas de los ayuntamientos (igual gastos que ingresos: déficit cero), mientras al Estado y Comunidades Autónomas se permite un margen de endeudamiento, o sea, estabilidad presupuestaria.
Una discriminación y un bloqueo financiero llamados a que esas corporaciones locales redunden en las salvajes políticas urbanísticas ya conocidas para lograr beneficios extra a costa de la degradación del medio natural. O a que las estrecheces justifiquen la eliminación del censo de ayuntamientos, como ya está ocurriendo con centros de salud, colegios públicos, estaciones de FEVE o cajeros automáticos de sucursales bancarias.
La demolición del Estado de Bienestar que encubre el axioma técnico del techo de gasto, en realidad está precedido por un concienzudo desprestigio de lo público. Como se comprobó con la reducción del salario de los funcionarios decretada por el gobierno del PSOE, confiscación que una parte de la sociedad toleró al no saber interpretarla como la primera embestida de alcance del socioliberalismo en el poder (el actual PSOE ha devenido en una franquicia del neoliberalismo).
Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Porque, como recuerda Joaquín Costa en su libro La ignorancia del derecho, “esa forma de gobierno directo, en que los ciudadanos ejercen personalmente la soberanía, sin el intermedio de ningún mandatario o interprete, regidor, diputado, etc., ha sido general en nuestra Península aplicada a la gobernación de los municipios”. En fondo lo que la casta dominante teme es la emergencia de la polis, el ágora donde se expresa la democracia participativa, un punto de encuentro ciudadano que en potencia representa el municipio libertario.
Nos lo recordaba el gran José ”Zeca” Alfonso en su mítica canción “Grándola vila morena”, que sirvió de reclamo a la revolución de las claveles en Portugal: “Grándola / villa morena / tierra de la fraternidad / el pueblo es el que más ordena / dentro de tu ciudad”.
Por eso, el único destino que cabe dar a las urnas el 20-N es vaciarlas de contenido. Nunca como ahora ha estado tan claro que las elecciones, lejos de ser la solución, son el problema. Quien deposite su papeleta en los comicios de noviembre no sólo está respaldando el statu quo (más paro, más evasión fiscal, más precariedad laboral, menos democracia, más desigualdad, etc.) sino estará apoyando el golpe de Estado neoliberal que han perpetrado “nuestros representantes” a derecha e izquierda, tanto monta monta tanto.
Si hace 25 siglos las mujeres atenienses decidieron llevar a cabo una huelga de vientres hasta que sus maridos renunciaran a la guerra como medio de ventilar los conflictos, a nosotros ciudadanos de un país satelizado por la venalidad de despóticos gobernantes nos cabe hoy la enorme responsabilidad de vaciar las urnas para frenar la barbarie que viene y recuperar el espíritu de la democracia secuestrada. ¿Una utopía? Sin duda. Pero igual que la historia de Lisistrata que representara Aristófanes para llamar a la cordura de sus coetáneos. El 20-N los nuevos inquisidores nos piden un voto de obediencia y nosotros deberíamos responderles con un voto de castigo.
¡No nos representan!
¡Lo llaman democracia y no lo es!
