El discurso del “narco” y la militarización

“Roosevelt hablaba de las cuatro libertades, pero no de la quinta y más importante: la libertad de saquear y explotar”

Noam Chomsky, La Quinta Libertad

Reapropiación territorial en América Latina

No más militares yankisEn los últimos años Estados Unidos ha aumentado sus gastos militares, las llamadas “crisis” (como la vivida desde el 2008) representan un colapso, no sólo significatorio sino también de sistema. Estos dos elementos han generado un constante proceso de militarización y mercenarización de su política exterior. Vemos como desde el 11 de septiembre de 2001, EE.UU. anuncia una “guerra mundial” (como las cruzadas católicas en épocas atrás, cuyo propósito era la liberación de los “lugares santos”), lo cual constituyó un reacomodo ideológico del neo-conservadurismo en la administración de G. W. Bush (2001-2009) y su proyección a nivel mundial. A partir de ello, dicha guerra implicó la “liberación” de lugares y pueblos dominados por el terrorismo, ya que estos eran vistos como “enemigos”, lo que permitió la invasión militar a Afganistán e Iraq (apoyada por la administración costarricense de Pacheco de La Espriella, 2002-2006).

El paradigma neo-conservador bushiano, “antiterrorista”, empezó también a relacionar los grupos subversivos (“terroristas”) con las actividades de narcotráfico para financiar sus actividades. De esta manera, se trasladó el marco categorial estadounidense del anticomunismo (representación de la imagen y símbolo del comunista, como desestabilizador del sistema y, de la seguridad nacional y mundial) constituido en el período de la Guerra Fría, al marco categorial antiterrorista, es decir, sus principios constitutivos se mantienen, esencialmente (ahora bajo el discurso del narco, como ente desestabilizador del sistema mundial).

Con ello, entonces, algunas instancias estadounidenses como la DEA, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Comando Sur, se han dedicado a propagar las políticas antiterroristas y antinarcóticos, donde subyacen medidas de re militari. Sus expresiones concretas iniciaron con las campañas contra la hoja de coca (en cuanto a la destrucción y prohibición de plantaciones), en el caso boliviano, además de que este país inició transformaciones en su seno político a partir del ascenso al poder de Evo Morales y los procesos de integración sudamericanos como el ALBA.

 Colombia, con A. Uribe, fue el punto articulador de tales medidas en territorio sudamericano; su banalización –debido a múltiples persecuciones y muertes, sin olvidar las fosas comunes y la críticas al servicio de inteligencia de la DAS, la cual el ex-ministro costarricense de la presidencia R. Arias solicitó capacitación en 2008 de esta organización para la DIS en Costa Rica- se dio con el permiso otorgado por el gobierno colombiano al gobierno estadounidense de la construcción, ejecución y operación de 11 bases militares.

En Perú, a inicios de este año, el Comando Sur realizó un programa de capacitación de alrededor de 3000 militares y policías (en temáticas como “ayuda humanitaria”, lucha contra el narcotráfico, etc.) de varios países de América del Sur. Esto fue meses antes del intento de golpe de Estado en Ecuador en el mes de septiembre, donde varios de los militares ecuatorianos capacitado allí, estuvieron involucrados en dicho proceso.

Todas estas iniciativas se han camaleonizado en diversos instrumentos de control y administración, por ejemplo, los tratados de libres comercio en la región. Desde la iniciativa del Plan Puebla-Panamá, hasta el NAFTA y el CAFTA.  Lo más reciente –vigente desde el 2008- ha sido la Iniciativa Mérida, la cual comprende la transferencia de recursos (materiales y de capacitación) y coordinación de organismos estadounidenses entre México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. A esta iniciativa se le adhiere el discurso antinarco, especialmente ante la “amenaza” (junto a un proceso de criminalización de grupos juveniles, pandillas o maras, las cuales se les liga con este negocio) de los principales carteles –mexicanos y colombianos- de producción, puesto que su comercialización y consumo mayoritario se realiza en el mercado receptor: EE.UU.

En fin, las políticas estadounidenses sobre el tema del narcotráfico no son sino reapropiaciones de su , lo cual le permite ejercer su quinta libertad, saqueo y explotación -según N. Chomsky-; recordemos que en la invasión militar a Panamá en 1989 se utilizó el recurso antinarco contra la administración del general M. Noriega, hoy se utiliza en las masacres desatadas en México, aunque EE.UU. venda sin ningún tipo de regulación armamento tanto al ejército como a los grupos de “crimen organizado”.

Mismo discurso, mismos actores

El permiso otorgado el 1° de julio de 2010 por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica al gobierno de EE.UU. se puede denominar como “los ochentas reloaded”. Lo anterior debido a que en 1986 (donde se cuestionó la campaña política que llevó al poder a O. Arias, a partir de la participación de Ricardo Allen dentro del Partido Liberación Nacional y sus actividades ligadas al narcotráfico, así como las inversiones y donaciones a la misma por parte de R. Vesco; desde este período se podría ir ubicando la intromisión del narcotráfico en la política costarricense), bajo la administración estadounidense de R. Reagan, tal organismo de “representatividad” política costarricense le había otorgado permiso al ingreso de buques de guerra, como el USCGC Glacier Gb-4 y el USCGC Glacier que desembarcaron el puerto de Puntarenas. Dentro de los diputados de dicha época que se opusieron estuvo el actual diputado Luis Fishman Zonzinski (del PUSC), quien se opuso ante el actual permiso otorgado a aquel gobierno.

El actual permiso otorgado a EE.UU., con los antecedentes de los ochentas, presenta esa dosis reloaded en cuanto a su magnitud bélica, es decir, la lista que se aprobó incluye 46 buques de guerra (como el IWO JIMA), 200 helicópteros y aproximadamente 7000 soldados (con total impunidad).

Ya tuvimos la primera misión “promesa”” en este 2010 por parte del desembarco del IWO JIMA en noviembre, en puerto Limón (aunque esta misión no es parte de tal permiso de navegación conjunta contra el narcotráfico, sino que fue una misión de “ayuda humanitaria”). Sería prematuro en este momento mencionar consecuencias puntuales de tales otorgamientos de la totalidad del territorio terrestre, marítimo y espacial a las fuerzas castrenses estadounidenses, pero podríamos llamar la atención sobre algunos fenómenos que se podrían acentuar para legitimar el terror represivo que ha suscitado la lucha fallida contra el narcotráfico:

         * Militarización: (1) mediante determinantes discursivas del tema de seguridad y defensa en el accionar estatal, (2) repliegue de la acción estatal en espacios cívicos, como en la atención de “ayuda humanitaria” y de desastres (mediante el papel de fuerzas militares como “constructoras de nación”), (3) incursión en el poder político y económico dominante de personal policíaco-militar.

         * Criminalización: (1) identificación de grupos y movimientos sociales de protesta como subversivos y hasta terroristas, lo cual legitima el accionar policíaco-militar de su represión, (2) atribución a movimientos de protesta como “desestabilizadores” del sistema nacional y mundial, ligados a actividades del crimen organizado y con financiamiento proveniente del narcotráfico.

         * Bioprospección y apropiación de recursos naturales: (1) identificación de recursos de biodiversidad “esenciales” para la industria militar-industrial estadounidense y mundial, (2) consolidación, apropiación y privatización de recursos naturales estratégicos y críticos (considerados indispensables para la manutención de la seguridad nacional y mundial, como petróleo, agua y otros.)

Síntesis

Aquel enemigo común de la Guerra Fría (idea del comunismo y su representación en un individuo comunista) ha llevado a la realpolitik post-Guerra Fría, desde ámbitos político-militares a la transferencia significatoria de ello a un nuevo enemigo construido: el narco-terrorismo. Por ello, se empeñan en que sus fuerzas armadas sean emisarias de la paz en la lucha contra la red de producción-distribución-consumo de drogas, mediante la doctrina de la guerra irregular, es decir, sustentando que el enemigo proviene o participa dentro de la sociedad civil (IW, por sus siglas en inglés) -estrategias de planificación militar del Pentágono y el Departamento de Defensa, EE.UU.-.

La presencia militar en territorio costarricense y su permanencia en la “lista negra” dentro de la cadena del narcotráfico ha de verse como la intensificación de la cultura belicista mundial y nacional. Ésta conduce a la “prevención” y “resolución de conflictos” a través de la dimensión político-militar.

El hecho de que Costa Rica sea un país sin ejército no implica que promueva una cultura antimilitarista, al contrario, mantiene una violencia estructural a través de la distribución regresiva del ingreso y su “indefensa” ante amenazas externas e internas, hace que las autoridades costarricenses conciban de manera imprescindible la “benevolente” ayuda humanitaria y militar por parte de las fuerzas castrenses estadounidenses.


Esteban Llaguno Thomas. Miembro de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo (ALECD). Colectiva La Espiral. San José, Costa Rica.Correo electrónico: esllatho@riseup.net

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