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La pervivencia del franquismo a través de la Constitución de 1978 y su régimen parlamentarista

La historiografía oficial se ha ocupado de elaborar un discurso legitimador del denominado proceso de transición democrática. Se trata de un discurso que responde a una clara intencionalidad política de legitimar y justificar el orden establecido por la constitución de 1978. Dicho discurso ha servido para moldear la conciencia colectiva de la sociedad para, así, remodelar su memoria histórica con el propósito de ajustarla a los intereses del sistema político imperante. Como consecuencia de esto aún hoy resulta inaceptable el cuestionamiento de dicho discurso, de tal forma que quien lo hace es difamado y perseguido. La razón es bien simple: el cuestionamiento de la historiografía oficial, que presenta el establecimiento de la constitución de 1978 como la expresión de una transición modélica a la democracia, significa, en definitiva, el cuestionamiento de los supuestos consensos que forjaron el orden que aún hoy impera en el Estado español, y consecuentemente la estructura de intereses que gobierna a la sociedad.

Pero la transición, y más concretamente la aprobación de la constitución de 1978, no fue otra cosa que la prolongación y perpetuación del régimen franquista bajo la forma política del parlamentarismo. En este sentido cabe decir que el franquismo simplemente fue reformado, y por ello adaptado a las condiciones políticas, sociales, económicas y geopolíticas del momento a través de la redacción de la constitución de 1978. No se produjo en ningún caso una ruptura con el régimen anterior. De esta manera el régimen constitucional surgido en 1978 heredó todo lo sustancial del franquismo: policía, ejército, tribunales, sistema económico, servicios secretos, clase política, leyes, burocracia estatal, etc. En esencia puede afirmarse que la constitución de 1978 significó un lavado de cara para el régimen dictatorial, lo que sirvió para crear una nueva legitimidad tanto a nivel doméstico, mediante una ardua campaña propagandística dirigida a manipular a la opinión pública para conseguir su aceptación del nuevo orden de cosas, como a nivel internacional para facilitar la definitiva integración del Estado español en el sistema internacional, y más concretamente en las Comunidades Europeas.

De hecho la llamada transición fue iniciada y ejecutada por el propio franquismo, es decir, por elementos destacados del régimen franquista que eran conscientes de que el sistema político instaurado tras la guerra civil estaba amortizado, y que era imposible su continuidad con la forma histórica que conservó durante el tiempo que Franco ocupó la jefatura del Estado. Así es como nos encontramos con que el sucesor de Franco, el monarca Juan Carlos I, en coalición con diferentes dirigentes franquistas y bajo la tutela de EEUU, contribuyó a crear las condiciones políticas necesarias para generar un nuevo consenso político y social mediante la reforma del franquismo a través de la redacción, promulgación y aprobación de la constitución de 1978. Esto es lo que explica que ya muerto el dictador las cortes franquistas decidieran hacerse el harakiri para facilitar el establecimiento del parlamentarismo mediante la denominada reforma política.

La adopción del parlamentarismo fue una forma de integrar a ciertos grupos sociales y políticos en los procesos de decisión política de los que hasta entonces habían permanecido excluidos. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con la llamada oposición política compuesta por partidos políticos y sindicatos. De esta manera sus dirigentes fueron cooptados e integrados en las instituciones que pasaron a gestionar junto a los antiguos líderes franquistas. Estos fueron los llamados consensos de la transición articulados en la constitución de 1978 y en los famosos pactos de la Moncloa. Con todo ello el sistema de dominación se dotó de una mayor legitimidad, al mismo tiempo que, al contentar a los dirigentes de la antigua oposición política al franquismo, las masas eran dirigidas hacia las instituciones parlamentarias y la paz social garantizada.

El sistema de dominación únicamente se abrió a la participación e incorporación de sectores políticos y sindicales que hasta entonces habían sido reprimidos. Indudablemente esto supuso una mayor legitimación del propio sistema, pero en esencia nada importante fue cambiado debido a que la constitución de 1978 siguió excluyendo a la sociedad de la participación en los procesos de decisión política que, al igual que durante el franquismo, permanecieron en manos de una minoría mandante. Así pues, no hay que olvidar que la propia constitución fue redactada por un grupo de políticos elitistas salidos en su mayor parte del franquismo, régimen en el que habían hecho carrera política. Fueron los mismos que garantizaron que el orden constituido permaneciera en manos de la misma minoría dirigente, y que a ella se incorporaran los integrantes de la elite subalterna que hasta entonces se habían agrupado en la llamada oposición al franquismo.

Suele aducirse que el régimen constitucional tiene mayor legitimidad que el franquista en la medida en que la constitución fue sometida a referéndum, y por ello ratificada por la sociedad. Sin embargo, se obvia por completo que los referéndums no son otra cosa que un instrumento de todos los regímenes dictatoriales utilizado para confirmar la voluntad de las elites. En esencia el referéndum es la forma de represión dictatorial máxima y más dura al restringir la expresión de la voluntad popular a una pregunta que sólo admite como posibles respuestas un Sí o un No, lo que, a su vez, impide la justificación de cualquiera de ambas respuestas y con ello explicar qué quiere cada persona que se manifiesta en un sentido o en otro. Además de esto se trata de una pregunta formulada por la propia elite dominante, y que por ello está redactada en función de sus propios intereses y pretensiones políticas para, así, determinar al mismo tiempo la respuesta que espera conseguir. Por otro lado tampoco puede olvidarse la consiguiente campaña propagandística desencadenada desde las propias instituciones para manipular a la opinión pública, y de este modo forzar su voluntad con el propósito de obtener el correspondiente resultado deseado. Asimismo, no hay que perder de vista que este tipo de procesos están sometidos a la supervisión de los aparatos de coerción del Estado, es decir, policía, tribunales, burocracia, ejército, etc., lo que sirve para coaccionar la voluntad de la sociedad. Por todo esto cabe decir que el referéndum fue realizado en unas condiciones de ausencia de libertad para la sociedad, sin olvidar, como acaba de apuntarse, que por sí mismo ya constituye un instrumento empleado para reprimir la voluntad de la población al cual, dicho sea de paso, recurrió el franquismo y otros regímenes abiertamente dictatoriales para confirmar la voluntad de sus máximos gobernantes.

No se entiende que si realmente la constitución de 1978 consagró un orden político diferente del franquismo la elite de este régimen continuara dirigiendo el país, y que lograrse perpetuarse en los altos estamentos del poder establecido. Descubrimos, entonces, que las mismas familias políticas que gobernaron durante el franquismo lo siguieron haciendo durante el período constitucional hasta la actualidad, y que la constitución de 1978 únicamente fue el marco jurídico que garantizó esa misma continuidad. Si las estructuras de poder del franquismo permanecieron intactas en su mayor parte, al mismo tiempo que sus respectivas denominaciones eran cambiadas para dotarles de un barniz de novedad y legitimidad, no menos importante es constatar que quienes gobiernan esas estructuras salieron directamente del régimen franquista y en muchos casos fueron premiados por el régimen constitucional.

Los ejemplos que muestran que la elite dominante española del franquismo se ha perpetuado y reproducido bajo el régimen constitucional son incontables, a pesar de lo cual mencionaremos unos pocos que sirvan como muestra de ese proceso de transferencia generacional del poder. En el seno de la clase política encontramos a José Bono, hijo de un alcalde franquista. María Teresa Fernández de la Vega, hija de Wenceslao Fernández de la Vega quien desempeñó cargos de responsabilidad en el sindicato vertical habiendo sido condecorado por el propio régimen con la medalla al mérito en el trabajo en el 32º año de la sublevación militar del 18 de julio. Rafael Vera que procede de una familia vinculada al sindicato vertical en tanto que su padre ejerció como perito agrícola y jefe de servicio del Grupo Sindical de Colonización. José Barrionuevo, ministro socialista durante la época de los GAL, perteneciente a una familia de la nobleza carlista, dirigió en su época juvenil las actividades escolares del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) de la Falange durante el tiempo que cursó estudios de derecho en la Universidad Complutense de Madrid. También militó en el carlismo, alcanzando el grado de alférez en el Tercio de Requetés Nuestra Señora de la Paloma de Madrid. Asimismo, fue jefe de gabinete del vicesecretario general del Movimiento, obteniendo también en su proximidad al régimen franquista una plaza en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), hasta que en 1979 quedó en excedencia especial para ocupar cargos públicos.

En general la UCD y Alianza Popular, hoy Partido Popular, fueron partidos organizados y dirigidos por antiguos franquistas que rápidamente se reconvirtieron, bajo los nuevos vientos políticos que soplaban en España, en reputados demócratas. Sin embargo, en el estamento militar antiguos militares franquistas permanecieron en sus puestos e incluso fueron ascendidos. Este es el caso de Álvaro Lacalle Leloup que inició su carrera militar en la guerra civil al alistarse como voluntario en los tercios del requeté, y que durante la dictadura ocupó diferentes cargos de responsabilidad en el gobierno. A pesar de estos antecedentes no dejó de ascender en la cúspide del poder militar hasta llegar a presidir en 1982 la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), lo que más tarde le llevaría a ser presidente del Comité Militar de la OTAN. Recibió numerosos reconocimientos del régimen del 78 como el fajín de general de cuatro estrellas en 1999. Otro caso es el de Javier Calderón que llegó al servicio secreto del Alto Estado Mayor en 1971 para, años más tarde, llegar a la secretaría general del CESID. Tal es así que en un momento en el que esta institución careció de director entre finales de 1980 y principios de 1981 Calderón ostentó la máxima responsabilidad operativa, lo que le vincularía más tarde al golpe de Estado del 23-F en el que el servicio secreto participó activamente a través de sus agentes. Nada de esto impidió que alcanzase el generalato y que con el primer gobierno del PP llegase a ser director del CESID. Tampoco puede pasarse por alto al general José Antonio Sáenz de Santamaría, afiliado a Falange antes de la guerra civil, que comandó las fuerzas armadas para la represión de la guerrilla campesina. También se ocupó de organizar los últimos fusilamientos del franquismo. Nada de esto impidió su ascenso en los altos escalafones del poder militar durante el régimen constitucional hasta ocupar, con el gobierno del PSOE, la dirección de la Guardia Civil en la época de los GAL. Pero lo mismo habría que decir de otros militares y mandos policiales como José Luis Cortina, Manuel Gutiérrez Mellado, Manuel Ballesteros García, etc.

Vemos, por tanto, que las estructuras de poder del régimen franquista se han mantenido y desarrollado en el régimen constitucional, y de igual modo su elite dirigente ha pervivido gracias al relevo generacional efectuado por sus descendientes los cuales, como era de esperar, han aprovechado las posiciones de poder de sus familias para hacer carrera en las condiciones políticas creadas por la constitución de 1978. En términos generales el régimen constitucional no es otra cosa que la reformulación y renovación del régimen franquista en unas condiciones de desarrollo histórico cualitativamente distintas, y ello ha permitido que el sistema dominante haya pervivido con sus correspondientes relaciones de explotación y dominación, además de perpetuar a las familias que integran la elite mandante. Así las cosas, se entiende perfectamente que en la actualidad se celebre con tanta pompa el famoso día de la constitución de 1978, pues es justamente la que consagró el marco jurídico que dio continuidad al franquismo bajo una forma histórica distinta, al mismo tiempo que garantizó que su elite dirigente conservase en sus manos los principales resortes de poder del Estado. Mientras tanto la sociedad permanece, al igual que en el franquismo, en un permanente estado de postración, apartada de cualquier ámbito de decisión política y en todo dependiente de la elite dominante que gobierna su vida.

Ante una situación como esta la solución no pasa, como desde las instancias del orden establecido tratan de hacer creer, por el cambio de las caras de quienes ocupan los puestos ministeriales en el gobierno central, ni tampoco por la puesta en marcha de un nuevo proceso constituyente que dé lugar a la redacción de una nueva constitución. Nada de esto desharía las estructuras de poder en torno a las que se articula el actual sistema de dominación junto a sus consecuentes relaciones de explotación, de tal forma que tampoco impedirían la existencia de una clase dominante que impusiese sus intereses al conjunto de la población. Por el contrario la única salida que existe para poner fin a esta situación es la formación de un movimiento popular encaminado a desencadenar una revolución social que rompa con el orden constituido, que ponga fin a las estructuras de poder que oprimen al pueblo para, de esta manera, caminar por la senda de la construcción de una sociedad sin clases, libre y autogestionada, y por tanto sin Estado, propiedad privada y trabajo asalariado.

Esteban Vidal

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