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El gasto militar en el Estado español

La revolución francesa fue el resultado de una serie de desequilibrios internos en el sistema político y social que condujeron a una situación de crecientes tensiones internas que hicieron estallar la revolución. Uno de los principales factores que intervinieron en el desencadenamiento de la revolución fue la situación financiera del Estado francés que, debido a la derrota de la guerra de los 7 años, acumulaba unas increíbles deudas a lo que se sumó el descenso de los ingresos derivados del comercio americano a causa de la pérdida de las colonias en aquel continente. El mantenimiento de un abultado ejército junto a una política exterior que tenía dificultades para conservar el prestigio del Estado francés como gran potencia, generó graves complicaciones internas que exigieron una reorganización del conjunto de la sociedad para hacer más competitivo el sistema político y social francés en la esfera internacional. Francia no podía mantener una carrera armamentística y financiar el esfuerzo bélico si no llevaba a cabo cambios drásticos en su sistema político. Así es como se produjo, junto a otros factores de no menor importancia, la revolución francesa.

En el caso español nos encontramos con algunos elementos comunes con la experiencia francesa, lo que en ningún caso significa que necesariamente el país se dirija hacia un proceso revolucionario. En cambio, sí podemos afirmar que de seguir la situación actual se producirán importantes tensiones políticas y sociales a nivel interno, lo que seguramente generará ciertas incertidumbres acerca del rumbo general que puedan tomar los acontecimientos. Sin embargo, como decimos, la situación del Estado español es bastante diferente en tanto en cuanto no ha atravesado guerras recientes ni está sometido a la presión de una carrera armamentística. A pesar de todo esto existen ciertos aspectos comunes como es el excesivo endeudamiento del Estado a causa de un exorbitante gasto militar, lo que ha generado una deuda del ministerio de defensa por valor de al menos 30.000 millones de euros, una cantidad que es mayor al gasto que supuso el rescate a Bankia. Se trata de una cantidad que es el equivalente a las nóminas de los funcionarios de todo el Estado.

En la actualidad resulta realmente difícil determinar la magnitud del gasto militar del Estado español a causa de la opacidad del ministerio de defensa en sus cuentas. A esto hay que sumar diferentes trucos de contabilidad que maquillan la situación real del gasto militar, pues el propio ministerio se encarga de hacer malabarismos contables para presentar unas partidas presupuestarias minimizadas en relación al volumen real del presupuesto. En la práctica el gasto militar se encuentra disperso en su gran mayoría fuera del presupuesto de defensa en partidas de todos los demás ministerios, a excepción del de justicia. Pero son sin lugar a dudas los ministerios de industria y de hacienda son los que en la práctica financian la mayor parte del gasto del ministerio de defensa, especialmente los desfases presupuestarios y la inquietante y cada vez mayor deuda. Además de todo esto nos encontramos con que el gobierno utiliza los decretos-ley como instrumento para añadir recursos al ministerio de defensa, que en la práctica son créditos presupuestarios que incrementan la deuda estatal, de tal modo que ello ha significado históricamente el aumento del presupuesto militar entre un 10 y 18% al año. Así, el gasto militar es de al menos 15.000 millones de euros, a lo que hay que sumar, por un lado, la parte de la deuda del Estado que es imputable al gasto militar fruto de unos presupuestos generales que históricamente han sido deficitarios. Juntamente con esto no puede olvidarse la cantidad imputada a pago de intereses de todas las deudas anteriores, lo que finalmente da como resultado un gasto militar de casi 24.500 millones de euros para el año 2016.

Gracias a estos enredos contables y financieros interministeriales y presupuestarios el ministerio de defensa ha podido continuar con sus programas militares, y de manera encubierta aumentar sus presupuestos al mismo tiempo que públicamente el ministerio los presentaba como recortes, o simplemente con la intención de trasladar a la opinión pública el mensaje de que se gasta poco en defensa, (según defensa un porcentaje del PIB que sitúa al Estado español junto a Luxemburgo), para acto seguido reclamar un mayor gasto militar. Todo esto ha sido posible al ocultar más de 18.700 millones de euros y publicitar únicamente casi 5.800, o lo que es lo mismo publicitar un 30,94% del presupuesto y ocultar el 69,06% restante. Esto no deja de ser una forma de opacidad que responde a un interés deliberado de ocultar la verdadera dimensión del militarismo en el Estado español, algo que se ha practicado durante todas las legislaturas del régimen constitucional de 1978. Así, comprobamos que el gasto militar real puede rondar fácilmente entre el 7 ó el 8% del PIB, frente a las cifras oficialmente declaradas que excluyen la mayor parte de los gastos correspondientes al ministerio de defensa.

Lo anterior es resultado en gran medida de las pretensiones políticas de las altas esferas militares y ministeriales de convertir al Estado español en una potencia regional, para lo cual se asumieron programas militares que excedían completamente las capacidades económicas del país al haberse realizado en un momento de relativa bonanza económica. Esto empezó en torno a 1997 con la compra de armamento para escenarios militares que no existen. De este modo se decidió la compra de 68 aviones Eurofighter-2000, 27 aviones de transporte A-400 M, 235 tanques Leopard, 4 submarinos S-80, 4 fragatas F-100, 24 helicópteros de ataque Tiger, 45 helicópteros de transporte NH-90, una fragata F-105, 190 blindados Pizarro, 4 buques de acción BAM, un buque estratégico LLX, 260 misiles anticarro, 767 misiles aire-aire IRIS T, un buque de aprovisionamiento BAC, 70 piezas de artillería remolcada OBUS 155/52, 4 helicópteros de transporte Cougar, 43 misiles aire-tierra Taurus, 100 equipos de comunicaciones NODOS CIS, y 2 aviones contraincendios. Pero por si fuera poco descubrimos que para 2016 se han aprobado nuevos programas militares que incluyen la compra de una fragata F-110 por 800 millones de euros y que podría ampliarse a 4 y alcanzar los 3.200 millones de euros. A esto hay que añadir 4 drones UAV Reaper por 171 millones, 3 aviones cisterna que con los equipos apropiados podrían alcanzar los 10.000 millones, sin olvidar el desarrollo de un programa de blindados 8x8 por un coste de 1.500 millones.

Lo anterior viene a demostrar que existe una clara intención por parte del ministerio de defensa de utilizar los presupuestos de 2016 con el propósito de condicionar la política del próximo gobierno mediante un relanzamiento del militarismo. Esto se manifiesta claramente en el compromiso de pago a la industria militar de al menos 1.606,5 millones de euros que habrán de salir de emisión de deuda y que no se contemplan en los presupuestos, a lo que hay que sumar la subvención a la industria militar de más de 500 millones de euros y la concesión de créditos multimillonarios a interés cero, sin olvidar los nuevos programas de armas necesarias en el contexto de la política militarizada de la OTAN y el intervencionismo militar en el exterior como son los drones de nueva generación, los aviones A-400M, y otros.

El enorme gasto militar resulta cada día más costoso y mas difícil de financiar lo que hace previsible que en un futuro no muy lejano se produzca un colapso financiero del ministerio de defensa, lo que inevitablemente comprometerá a todas las estructuras del Estado. Por el momento ya hemos visto cómo la economía ha menguado al ser menos productiva, lo que dificulta seriamente su capacidad para financiar la burocracia estatal y especialmente unas fuerzas armadas voluminosas que cuentan con 122.000 efectivos. Para contrarrestar esta situación el Estado no ha dudado en subir los impuestos al mismo tiempo que ha recortado en prestaciones sociales y servicios de diferente naturaleza. Por el contrario, el gasto militar no sólo se ha mantenido sino que en la práctica ha aumentado considerablemente y todo parece que va a seguir siendo así en un futuro inmediato. Desde que comenzó la crisis en 2008 el ministerio de defensa lleva gastados 130.000 millones de euros. Por lo menos esto es lo que se desprende de la ingente cantidad de recursos destinados al complejo industrial vinculado a los ejércitos, que constituye hoy por hoy un auténtico oligopolio compuesto por EADS-Casa, Navantia, Santa Bárbara-General Dynamics e Indra, que son las principales beneficiarias de los créditos, ayudas y subvenciones del Estado, comunidades autónomas y otros organismos. Así, vemos que la mayor parte del gasto militar se va en I+D militar, es decir, en las empresas del complejo industrial militar, pero también en la compra de armamentos y en las misiones exteriores a las que el Estado español se ha comprometido.

La dinámica militarista que ha adoptado el Estado español en su gasto presupuestario hace que necesariamente surjan varias cuestiones en torno al modo en el que el aparato del Estado reaccionará, especialmente cuando vea que los recursos económicos y financieros escasean y no es posible costear tamaño gasto militar. No cabe duda de que el militarismo es, junto a otros elementos de no menor importancia, uno de los responsables de que la situación económica sea negativa, pues ha drenado a la sociedad de unos recursos que no ha podido reproducir mientras el gasto no sólo se ha mantenido sino que se ha incrementado. De esta forma la deuda estatal supone a día de hoy el 97% del PIB según cifras oficiales, lo que en la práctica podría llegar a ser bastante más.

De lo que no cabe duda es de que las capacidades económicas no son suficientes como para aumentar las capacidades militares del Estado español y, así, relanzar su política exterior para elevarla a la condición de potencia regional. Los esfuerzos llevados a cabo con los innumerables programas militares obedecen a esa clara pretensión de alterar la posición que España ocupa en la estructura de poder mundial para ganar influencia, prestigio y presencia en los asuntos internacionales. Pero esta estrategia política tiene unos amplios costes económicos y sociales, a lo que se une un sistema social y político que no se adapta a estas exigencias en materia internacional. Por todo esto no es para nada descartable que en un futuro próximo, y como consecuencia del deterioro social y político del régimen constitucional de 1978, se impulse desde las altas esferas del poder establecido una renovación política y económica del sistema vigente. Nada de esto quiere decir que necesariamente el Estado español se encamine hacia un escenario revolucionario, tal y como ocurrió en Francia ante la imposibilidad de pagar una voluminosa deuda estatal, pero sí es posible de que en función del devenir de los acontecimientos se lleven a cabo movimientos políticos dirigidos a modificar el statu quo, lo que inevitablemente encontrará con oposiciones y resistencias a diferentes niveles. Por todo esto resulta del todo aventurado hacer un pronóstico de lo que pueda ocurrir, pero de lo que parece no quedar duda es de que un gasto militar desorbitado y una situación económica y social tan degradada requieren cambios sustanciales en el terreno político, lo que no descarta la adaptación del sistema establecido a las exigencias militaristas tal y como ocurrió en Francia con el advenimiento de Napoleón. Todo ello dependerá de si finalmente la sociedad claudica frente a las pretensiones militaristas del régimen, o si por el contrario se organiza y ofrece algún tipo de resistencia.

Esteban Vidal
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