La pasada semana, un preso fue hallado muerto en el celular de la prisión de Albolote. Presuntamente fue una muerte autoproducida por ahorcamiento tras ser llevado al celular en alarmante estado de nerviosismo, como medida de sanción tras un incidente con otro preso. Si así hubiese sido, es una muerte que se podía haber evitado de seguir con los protocolos de actuación que  la SGIP marca para este tipo de casos (sujeción mecánica y química -tranquilizantes-) de los que se abusan en muchas ocasiones  y que esta vez ni siquiera valoraron. Quede, como nota, nuestra oposición y rechazo a tales medidas coercitivas.

Además de este fallecimiento, en Albolote la muerte por sobredosis es habitual, según comentan los mismos presos sin que nada se haga para evitar tales muertes.

La situación en Albolote es de máxima gravedad con el funcionariado en pie de guerra, la tensión que se vive en el módulo de mujeres (la semana pasada en 24 horas,  6 presas fueron llevadas a aislamiento por diversos incidentes). A esto hay que añadir las deficiencias estructurales a pesar de ser una prisión relativamente moderna (se inauguró en 1997): los cortes continuos de agua (a finales de mayo se estuvo más de 24 horas sin agua creando momentos de tensión al no tener agua para el consumo ni para el aseo) y los más que habituales cortes de luz (una línea de suministro que no esta preparada para abastecer un establecimiento penitenciario de estas dimensiones. Esto provoca frecuentes cortes o microcortes de electricidad con subidas de tensión)

Por otro lado y según informa afaprema, el pasado viernes, días 22 de junio, en el módulo 3 de la cárcel de Herrera de la Mancha, murió un preso, aparentemente por sobredosis, que se encontraba en aislamiento, información que nos llega a través de compañeros de la víctima.

El ocultamiennto y silenciamiento de estas muertes forma parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de presos en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas.