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Exijamos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que respete nuestros derechos: ¡El peculio de la gente presa no es un negocio, es un derecho!

Por los motivos que se exponen a continuación, convocamos a todas las personas solidarias con la gente presa y enemigas del poder punitivo del Estado, a enviar faxes y cualquier otro tipo de comunicaciones a la Secretaría General de Instituciones Penitenciatrias y otras autoridades responsables exigiendo que se supriman las condiciones que obligan a las familias y otras personas próximas y solidarias a pagar a la banca o a correos y a hacer otros gastos suplementarios para hacer llegar a las personas presas alguna ayuda económica. La administración penitenciaria está obligada por ley a mantener las condiciones para que esos envíos de dinero lleguen a su destino, ¡El peculio de las personas presas no puede ser un negocio, es un derecho!

Directorio de la SGIP

Fax gratis: [1], [2]

Modelo de texto para el fax, correo, carta, etc.

En noviembre del año pasado venció el contrato que tenía la administración penitenciaria con el banco de Santander para gestionar su dinero. En julio salió de nuevo a concurso la “concesión” y ni el Santander ni ningún otro banco quisieron optar a ella. El motivo evidente es que las prestaciones que el ministerio del Interior y la administración penitenciaria exigen, con la prepotencia que les caracteriza, a las entidades bancarias son inaceptables para ellas, porque, al parecer, no les dejan el margen suficiente de beneficio. Como sabemos bien, los bancos no están por ofrecer ningún servicio gratuito, sino por exprimir a los “usuarios” hasta dejarlos exhaustos, sacando el máximo beneficio posible de su tráfico de dinero ficticio. Tampoco están por contribuir de ningún modo al “interés Público”, como contrapartida del dinero procedente de los impuestos de todos con el que les han “rescatado” y otros evidentes privilegios de que disfrutan. Y mucho menos aún están por la faena de recibir órdenes del Estado, sino que son sus dueños.

En tiempos malos que la evolución fascistizante del poder punitivo del Estado hace parecer mejores que los actuales, la disposición de peculio –dinero para gastos− para las personas presas ha sido una prestación a la que se obligaba por ley el Estado. Ya hemos visto que éste había hecho un intento de venderle su gestión a la banca y convertirla en negocio. Lo que pasa es que la administración penitenciaria parece estar contaminada hasta la médula de la depravada mentalidad carcelera. Como en el terreno sanitario, en que el Estado ha querido pasarles sus funciones a las comunidades autónomas sin aportar ni un céntimo y sin importarle provocar una verdadera catástrofe en la sanidad penitenciaria. Así es como la “clase política” más corrupta de Europa entiende la privatización de lo público: lo quieren todo para ellos. En lugar de ofrecer a los bancos un buen negocio, lo que pretenden es que se ocupen de cumplir gratis una parte de sus obligaciones. Pero ¡buenos son los bancos para dejarse chulear por los carceleros! ¡Para chulos, ellos!

El tema del peculio ya se había puesto difícil para la gente presa, sus familias y amistades, a consecuencia de las restricciones impuestas en 2010 por una instrucción de la SGIP, que convirtieron su gestión en “asunto de seguridad”, con la excusa de que se podía utilizar para mover o blanquear dinero del narcotráfico o de la “guerra santa”. Pero ya sabemos que los verdaderos traficantes y terroristas no van a la cárcel, sino que están en el mismo bando que los carceleros o, mejor dicho, éstos están a su servicio. Y, como pasa siempre, estas medidas de seguridad que en nada afectan realmente a las actividades que pretenden obstaculizar, terminan afectando a la población en general, especialmente a los pobres y rebeldes, trayendo un endurecimiento en las condiciones de control y dominación. En esta caso, desde el 2010, sólo podían ingresar dinero para la gente presa sus familares directos, su abogado y, muy excepcionalmente y, con un montón de trámites burocráticos y comprobaciones, personas que no sean familia “debidamente autorizadas”, en caso de que la persona presa no la tuviera.

Mientras el banco de Santander se hizo cargo de la gestión del peculio, los “funcionarios” de prisiones aprovecharon para ahorrarse un poco más de trabajo. Es proverbial que los boqueras son peritos en trabajar lo menos posible, haciendo que los presos o quien sea lo hagan en su lugar. Así que suprimieron las ventanillas de peculio en todas las prisiones. Y, ahora que sus jefes las quieren restablecer desde arriba, sus sindicatos corporativistas se resisten a ello, con la cantinela demagógica a la que nos tienen últimamente acostumbrados, con apoyo de sindicatos, partidos y medios de incomunicación, de que están agobiados de trabajo, que son pocos de plantilla, y que, entre otros cuentos, por eso les pegan los presos y es necesario que se les dé el estatuto de “agentes de la autoridad”, para poder acusar de “atentado” –con pena de hasta cuatro años− a las personas presas que se atrevan a denunciarles por sus abusos, y que les dejen disponer de sus “medios coercitivos” –cascos, escudos, porras, gases lacrimógenos…− con entera libertad.

Así pues, a pagar, los mismos de siempre. Ese ha sido, es y será, si no lo remediamos, el resultado de este “tira y afloja” entre la banca y el Estado: quienes salen perjudicados han de ser siempre las personas presas y su gente próxima. En esta ocasión, la solución buscada ha sido volver a convocar el “concurso público”, haciendo más atractivo el negocio para el banco correspondiente, al suprimir los servicios gratuitos que debían prestar a los “usuarios”, permitiéndole cobrarlos a precio de mercado.  Precio que tendrán que pagar esos familiares para quienes los gastos ocasionados por el encierro de los suyos, agravados, entre otras medidas, por la dispersión y los viajes que tienen que hacer para comunicar, serán un factor añadido de debilitamiento económico y marginalización. Lo que quieren es que los presos se encuentren más y más desarraigados y abandonados en manos del Estado y de sus “funcionarios”, en mayor dependencia y vulnerabilidad.

Y de paso, a las restricciones introducidas por la instrucción 3/2010, que puso la gestión del peculio bajo el control de los subdirectores de seguridad, se añaden oficiosamente otras nuevas, como no podía ser menos. Hay mucha gente presa que lleva meses sin recibir un céntimo, porque no hay nadie autorizado para ingresárselo y la burocracia carcelera pone toda clase de obstáculos para lograr las autorizaciones, o porque los “equipos de seguridad” interpretan como les da la gana las nuevas circulares y no permiten, por ejemplo, a los abogados hacer los ingresos. Otro truco de los boqueras para resistirse a la apertura de ventanillas, único recurso que dejaría la burocracia carcelera para no tener que pagar mordida por hacerle llegar un poco de dinero a la persona querida sometida al castigo del Estado, es que el horario de ventanilla sea distinto del de comunicaciones, de manera que, para lograr el ingreso, hay que desplazarse una vez más hasta la cárcel, siempre alejada de la población más cercana y con medios de transporte muy deficientes.

¡EL PECULIO NO ES UN NEGOCIO, SINO UN DERECHO! ¡BASTA DE ABUSOS CONTRA LAS PERSONAS PRESAS!

http://tokata.info/exijamos-a-la-secretaria-general-de-instituciones-penitenciarias-que-respete-nuestros-derechos-el-peculio-de-la-gente-presa-no-es-un-negocio-es-un-derecho/ 

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