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La cárcel sigue matando: Muertes recientes en las cárceles del estado español

A mediados de abril, tuvimos noticias de la muerte de un preso llamado Chiqui en la cárcel de Picassent, supuestamente, a causa un infarto de corazón, aunque era un hombre joven. Un testigo presencial nos ha contado que tardaron más de cinco horas en atenderlo, a pesar de que se quejaba de un dolor agudo en el pecho y de que se le dormía el brazo izquierdo, síntomas típicos de lo que luego le pasó. A quienes estaban allí les parece que se tardó demasiado en atenderle y les ha quedado una duda muy fuerte sobre la actuación de los médicos responsables, porque el chaval murió 20 minutos después de que los servicios sanitarios carceleros le pusieran una inyección y le dieran una pastilla “para bajarle la tensión”.

La cárcel de Villabona ha sido llamada demagógicamente “la cárcel de la esperanza” por los propagandistas de la UTE, experimento terapeútico-penitenciario que se inició allí y que ya ha sido desenmascarado totalmente como el prototipo de un régimen carcelario del que se ha podido decir con justicia que constituye “la otra cara del FIES”, por la vulneración de los derechos fundamentales de los presos y la  merma su dignidad que supone. Pero allí no deja de morir gente, muy frecuentemente por “suicidio” o supuesta sobredosis. El último en morir, una vez más en la enfermería de esa cárcel, de siniestra fama, ha sido Eugenio Hernández Da Silva, de 33 años, por una supuesta sobredosis de heroína y pastillas, según las dudosas fuentes de que disponemos. Los partidarios de la UTE, que cuenta con apologistas tan “prestigiosos” como la “defensora del pueblo” o determinadas personalidades de la “izquierda” amarilla estatal y asturiana, también han aprovechado, como buitres, esta muerte, igual que otras muchas anteriores, para promocionar su “modelo de tratamiento”, haciendo ver que las muertes se producen porque no se lo potencia suficientemente, cuando la verdad es que las “Unidades Terapeúticas y Educativas” y el poder terapeútico de la autoridad carcelera que articulan no crean más que nuevas situaciones de dependencia y degradación que no benefician en nada a las personas presas ni contribuyen, por descontado, a que disminuyan el tráfico y consumo de drogas legales e ilegales en las cárceles.

Un preso de la cárcel de Teixeiro,  JADS, de 45 años, murió el 7 de mayo, en la celda donde lo tenían encerrado. En la noticia aparecida en medios de muy escasa credibilidad, basada sumisamente, como suele suceder en estos casos, en la versión de los carceleros, se especulaba con que la causa hubiera sido una sobredosis de droga. La muerte fue durante la noche o la madrugada y fue descubierta por la mañana, cuando los carceleros abrieron la celda. Se comenta también, pero con ligereza y sin profundizar en las informaciones al respecto, la insuficiencia de la asistencia médica en la cárcel gallega. A primeros de enero, murió en esta misma prisión JVP, natural de A Coruña, por problemas hepáticos, al no haber recibido el tratamiento adecuado para la hepatitis C que padecía. La negligencia, tanto de la administración penitenciaria como de la sanitaria, negándose a tomar las medidas necesarias para salvar la vida a esta persona y a otras, estando a su alcance y siendo su obligación legal, es tan evidente que hasta la fiscalía ha presentado denuncia contra los responsables por ello.

El padre de un preso que falleció en la cárcel madrileña de Aranjuez el pasado 20 de agosto ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que se investigue la muerte de su hijo, con el fin de esclarecer si fue víctima de un homicidio y si la cárcel cometió alguna negligencia en su deber de supervisar su seguridad. En el recurso presentado, denuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranjuez ha archivado el caso sin atender a las numerosas diligencias de investigación que ha solicitado para aclarar las causas del fallecimiento. A su juicio, el centro penitenciario podría ser “responsable directo” al encontrarse el recluso bajo su “tutela y supervisión”, recordando que el Tribunal Supremo ha establecido que la Administración debe velar por la vida y la seguridad de los internos, puesto que lo contrario constituiría una “culpa in vigilando”. Pide que la autoridad carcelera se haga cargo de los gastos funerarios, que se incinere el cuerpo y se entreguen las cenizas del fallecido a sus seres queridos, que residen en Miami (EE UU). Recordando que el Tribunal Supremo y la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen, en casos análogos, que sean dos peritos los que realicen los informes  forenses para “reforzar su eficacia, acierto y rigor técnico”, reclama que se haga un segundo para contrastar con el único que se ha hecho hasta ahora. Ha solicitado también, sin éxito, la grabación de las cámaras de seguridad que enfocaron entre el 19 y 20 de agosto de 2015, incluida la noche, a la celda de su hijo, para conocer qué hizo las horas anteriores a quitarse la vida, si pudo haberse evitado, si tuvo algún comportamiento extraño y si había vigilancia en ese momento. Cita un informe psicológico de la prisión de León, donde estuvo su hijo hasta cinco meses antes de su muerte en Aranjuez, que le describe como una persona “estable” y con un “aparente buen comportamiento”. “No entiendo cómo se explica, cómo puede cambiar tanto un interno en siete u ocho meses para poder llegar a tomar una decisión como la del suicidio, cuando en los nueve años anteriores, habiendo estado interno en León, no hubo indicio de trastorno alguno, desequilibrio o cuadro psicótico que pudiera llevarle a cometerlo”. Solicita los interrogatorios del director, los psicólogos y otros trabajadores del centro penitenciario Madrid VI. Y, finalmente, denuncia que se está vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse practicado la “más mínima y esencial diligencia de investigación”.

La cárcel sigue matando, como no podía ser menos, cuando a unas condiciones de vida que de por sí merman, enferman y destruyen, más o menos lentamente, a las personas sometidas a ellas y entre las que se incluyen frecuentemente las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se añade una situación médico-sanitaria que tiene todas las características de una verdadera catástrofe humanitaria, donde la prevalencia, por ejemplo, de enfermedades infecciosas como la hepatitis C, o del VIH, es muy superior a la de la calle, pero los tratamientos mucho más difíciles de obtener y mucho más escaso el personal médico-sanitario, además de que no se puede esperar humanidad de unos médicos que son al mismo tiempo carceleros. Donde las drogas legales e ilegales forman parte y hasta se puede decir que ocupan el centro de la vida cotidiana de mucha gente presa. Donde hay centenares de enfermos graves de todo tipo abandonados en los patios o en las enfermerías carcelarias, muchas de las cuales, como la de Villabona, son lugares de pesadilla. Pero no se aplican los preceptos legales que disponen la libertad condicional anticipada de personas ancianas o que padezcan enfermedades terminales, graves o incurables. Las muertes mencionadas más arriba no son más que las últimas de las que nos hemos enterado. Ha habido muchas otras, de una parte de las cuales hemos podido decir algoaquí, y quienes legalmente deberían ocuparse de ello, miran para otro lado. Pero no se trata solamente de la mortandad física, sino de una situación que se puede calificar en su conjunto de inhumana y degradante.

¡LAS CÁRCELES SON LUGARES DE EXTERMINIO, TORTURA, MISERIA Y DEGRADACIÓN!

¡ABAJO LAS CÁRCELES!

¡FIN DEL PODER PUNITIVO!

Boletín Tokata

Fuente: http://tokata.info/la-carcel-sigue-matando-muertes-recientes-en-las-carceles-del-estado-espanol/ 

Tags: cárcelasesinatomuerteprisiónestado
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