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La dictadura del trabajo

Tal y como señaló el anarquista americano Bob Black, el trabajo constituye la fuente de casi todos los males del mundo. Obviamente se refería al trabajo en el contexto de la sociedad autoritaria y capitalista en la que este se ha convertido en un fin en sí mismo, además de desarrollarse de un modo completamente forzado. Existe a día de hoy una dictadura del trabajo que nos mantiene sometidos a la maquinaria capitalista, a su economía con todas las relaciones de explotación que se recrean en la permanente alienación de las masas obreras. La gran tragedia de quienes formamos parte de la clase sometida es la de perder nuestra vida mientras tratamos de ganárnosla, y en este proceso el trabajo desempeña un papel crucial. Debido a la importancia y centralidad que ha adquirido el trabajo, hasta el punto de haber sido convertido en un derecho reconocido en las constituciones de muchos países, está sometido a la administración del Estado a través de sus propios departamentos ministeriales para la satisfacción de sus intereses y de los de aquellos otros agentes económicos y financieros, como es la clase empresarial, sobre los que se apoya para extraer de la sociedad los recursos que necesita para sobrevivir y reproducirse.

En el contexto descrito nos encontramos con que recientemente el gobierno de España anunció a bombo y platillo, a través de la ministra de trabajo Fátima Báñez, que va a conceder a los trabajadores en prácticas de hasta 30 años un complemento salarial de 430 euros. Se trata de una medida que se enmarca en el programa de Garantía Juvenil para impulsar la inclusión laboral de los jóvenes. Dos cosas resultan especialmente llamativas en relación a esta novedad. La primera es la medida misma cuyas consecuencias sólo podrán ser nefastas a corto y medio plazo. Y la segunda es el hecho de que se trate de una medida que ha pasado relativamente desapercibida como así lo demuestra el silencio abrumador de los sindicatos y demás agentes sociales. Una medida que prácticamente no ha recibido ni una sola crítica. En cualquier caso un análisis del significado de la introducción de esta prestación entre los trabajadores en prácticas requiere que previamente sean hechas varias consideraciones.

En primer lugar hay que tener en cuenta que el trabajo es lo que mueve el mundo. El trabajo es el combustible que alimenta y que mantiene en funcionamiento al sistema capitalista mundial. Sobre todo el trabajo asalariado constituye la principal mano de obra de la que se nutre el actual sistema económico, lo que hace que una minoría social sea la que se apropie de los frutos del trabajo desarrollado por los asalariados. El trabajo es el que crea la riqueza que sustenta a la patronal y al Estado, quienes la acaparan y utilizan para sus propios y particulares fines. El trabajo es el que paga el estilo de vida derrochador y ostentoso de los poderosos, es el que financia las instituciones de la clase dominante, es el que paga la represión que todo un sistema de poder ejerce contra la clase trabajadora con su policía, cárceles, ejército, espionaje, tribunales y burocracia. El trabajo es el que sostiene y reproduce la actual sociedad de clases con todas sus jerarquías e imposiciones sobre las que se fundan los privilegios de los poderosos. El trabajo ocupa un papel central en el sostenimiento del sistema establecido, sobre todo en la medida en que se trata de una actividad forzada y desarrollada en unas condiciones impuestas por el poder.

En la medida en que el trabajo interviene en el proceso de movilización y transformación de los recursos disponibles en la economía para crear la consecuente riqueza que mantiene y reproduce al sistema de dominación, el principal interés de la clase dominante es el abaratamiento de los costes para maximizar los beneficios en el proceso de extracción de la plusvalía. Dado que los costes materiales derivados de las materias primas, la energía y el uso de la tecnología se mantienen relativamente constantes, el abaratamiento de los costes de producción se desarrolla en torno a la explotación de la mano de obra mediante el pago de salarios cada vez más bajos, jornadas de trabajo más largas y un empeoramiento de las condiciones laborales. En el Estado español esto es bastante evidente en tanto en cuanto casi 4 millones de trabajadores cobran sueldos de menos de 300 euros, lo que sin lugar a dudas ha servido para que en la actualidad en torno al 20% de la población sea pobre, y que el 28% se encuentre en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las necesidades básicas. Nos encontramos ante una situación en la que se están normalizando salarios que ni siquiera sirven para suplir las necesidades básicas de subsistencia. En relación a los momentos previos a la crisis los salarios han descendido, con lo que el nivel salarial actual es inferior al que existía antes de 2008. Tal es así que la nómina total de los trabajadores asalariados en 2016 fue de 33.600 millones de euros, inferior a la percibida en 2008, mientras que los beneficios empresariales no han caído sino que están por encima de los valores previos a la crisis al incrementarse en 7.850 millones de euros. Mientras las rentas del trabajo descienden las rentas del capital no paran de crecer, como así lo demuestra el hecho de que Amancio Ortega haya cuadruplicado su fortuna en los últimos 10 años hasta alcanzar los 67.650 millones de euros.

La crisis ha significado una redistribución de la riqueza en provecho de las clases más acaudaladas, al mismo tiempo que se ha producido el empobrecimiento general de los trabajadores asalariados. De este modo el 25% de los hogares más ricos concentra el 74% de la riqueza al apropiarse del 42% de la renta anual, mientras que el 25% más pobre, cuyo patrimonio medio es negativo, obtiene el 16% de la renta del conjunto de los hogares. La devaluación de la mano de obra, impulsada por la reforma laboral y el incremento de los niveles de desempleo a una escala que apenas se conocía desde la década de los años 80 del siglo pasado, ha servido para el empobrecimiento de la mayor parte de la población pero también para hacer posible el crecimiento económico de los últimos años que ha revertido en claro beneficio de las empresas, pero también del Estado que ha visto aumentar su base tributaria. Basta señalar que en apenas 2 años el patrimonio conjunto de los más ricos creció en 60.000 millones, hasta un total de 237.150 millones. Esto contrasta con el patrimonio que tenían en 2007, 178.800 millones de euros. Por el contrario los hogares más pobres vieron reducido su patrimonio en un 36%, especialmente al principio de la crisis, hasta el punto de que pasó de los 12.600 millones de euros en 2011 a 1.300 en 2014. Esta polarización social refleja la progresiva concentración de la riqueza en manos de una minoría extremadamente pudiente, lo que contrasta con una población cada vez más empobrecida.

El descenso de los salarios ha coincidido, a su vez, con un aumento de las horas de trabajo con jornadas cada vez más largas, entre 11 y 14 horas, a las que en muchas ocasiones hay que sumar interminables trayectos para ir y venir del centro de trabajo. Así pues, la población joven se encuentra en unas condiciones laborales de sobreexplotación al estar sometida a salarios míseros e interminables e infatigables jornadas laborales. Esto impide que en la práctica la mayoría de los jóvenes no puedan emanciparse ni llevar a cabo proyectos personales como tampoco formar una familia.

Pero las condiciones objetivas que ofrece la economía española no se limitan única y exclusivamente a salarios más bajos a cambio de jornadas laborales más largas, sino que todo ello está estrechamente unido al nuevo modelo económico que en los últimos años se ha ido implantando. A este respecto nos encontramos con que el Estado español ha apostado claramente por un modelo de economía exportadora. Prueba de esto es que en los últimos 5 años el Estado español ha exportado más de lo que ha importado, hasta el punto de exportar en la actualidad 365.000 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo 30.000 millones de euros al mes. Las exportaciones representan a día de hoy el 34% del PIB, lo que ha permitido que España haya conseguido un superávit comercial de categoría. Esto es lo que ha hecho posible que de las casi 100.000 empresas exportadoras de 2007 sean hoy 148.000 las que se dediquen a exportar, y que además se espere que en poco tiempo su número aumente considerablemente, quizá hasta las 200.000, y que la porción del PIB que hoy se exporta crezca igualmente hasta proporciones inéditas.

Salarios bajos y jornadas interminables han hecho posible que la economía española haya adoptado un modelo económico fundamentalmente exportador que hacen que España se parezca cada vez más a países manufactureros como Sudáfrica o Bangladesh. Gracias a esto la patronal ve cómo crecen sus beneficios de una forma fabulosa, y de igual manera el Estado incrementa sus ingresos gracias a los tributos recaudados de este incremento drástico y continuado del comercio exterior, al mismo tiempo que aumenta su cartera de divisas extranjeras. Todo esto constituyen las condiciones objetivas que a día de hoy determinan la evolución del trabajo, tanto en lo referido a salarios como también a las condiciones en las que este se desenvuelve. Y es en este contexto en el que cobra una especial importancia una medida tan nefasta como que el Estado pague a los trabajadores en prácticas 430 euros.

La situación de alto desempleo en la que los sindicatos y demás agentes sociales únicamente aspiran a gestionar la miseria ajena y, en definitiva, a aumentar su porción del pastel, explica el gran silencio que persiste en torno a una decisión tan funesta como la de que el Estado remunere a los trabajadores en prácticas con 430 euros. Esto se debe sobre todo a que esos 430 euros no son sino una subvención a gran escala de las empresas capitalistas que hoy están forrándose a cuenta de salarios miserables, lo que va a servir, a su vez, para generalizar este tipo de sueldos junto a condiciones laborales, como son las que se dan en los contratos en prácticas, cada vez más precarias. Así pues, asistiremos a un descenso todavía mayor de los salarios gracias a medidas de este tipo, al mismo tiempo que la patronal verá aumentar sus ya engordados beneficios. Mientras tanto, el gobierno no dudó en presentar la medida como un gran avance y una mejora de las condiciones de los trabajadores en prácticas, que de este modo percibirán alguna remuneración que en justicia debería ser pagada por las empresas en las que desempeñan sus servicios, y desde luego en una cantidad mucho mayor. Pero en el fondo el Estado no le hace ningún favor a los trabajadores en prácticas sino que los degrada salarial y laboralmente al mismo tiempo que esta medida constituye una presión más para tirar hacia la baja los salarios de los demás trabajadores, además de contribuir a empeorar sus condiciones laborales.

Aunque inicialmente pudiera ser visto como algo positivo que algunos trabajadores que no estaban remunerados ahora lo estén, lo cierto es que de este modo lo único que se consigue es aumentar la dependencia de un grupo considerable de trabajadores con el Estado, e impedirles valerse por sí mismos al mismo tiempo que son favorecidos los intereses del empresariado que de esta manera ahorra en costes de producción, extiende este tipo de contratos y afianza el carácter exportador de la economía española. Por todo esto la problemática a la que se enfrenta la clase trabajadora no es tanto al desempleo estructural del sistema capitalista como a los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales imperantes. El trabajo se manifiesta así como una inmensa fuente de todo tipo de males que no sirve para mantener y reproducir la vida, o lo que es lo mismo, para satisfacer las necesidades materiales más básicas de los propios trabajadores. Por el contrario observamos que el trabajo absorbe una cantidad creciente del tiempo de las personas, hasta el punto de que estas dejan de trabajar para vivir y pasan a vivir para trabajar. Así pues, ante una continua degradación de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores la solución no pasa por la consecución del pleno empleo, y por tanto por una incorporación del conjunto de la mano de obra hoy desempleada a esas mismas condiciones degradantes que impone el trabajo asalariado.

Actualmente los principales sindicatos en el Estado español abogan por el pleno empleo, lo que en esencia significa la plena expansión del capitalismo y de sus correspondientes fuerzas productivas a través de una mayor movilización de recursos, y más concretamente de la mano de obra, con la incorporación de los trabajadores desempleados a las condiciones de explotación que hoy ofrece el trabajo asalariado. En este punto es en el que convergen las aspiraciones emancipadoras, y por ello revolucionarias, que persiguen la construcción de un mundo nuevo con las necesidades que a nivel inmediato se le presenta a muchos trabajadores que hoy engrosan las filas del paro, y que por ello requieren de ingresos para poder subsistir. Sin embargo, el trabajo en la actualidad, tal y como se ha explicado, ni siquiera puede satisfacer las necesidades básicas de la clase trabajadora, con lo que este no puede ser considerado una solución sino un problema. Por tanto, la problemática que hoy ofrece el trabajo únicamente puede ser abordada en unos términos antagónicos a los que caracterizan a la lógica del capital que rige en el mundo laboral. En lo que a esto respecta lo prioritario es la recuperación de la vida que hoy es escamoteada por el trabajo asalariado, de tal manera que la mayoría de los trabajadores se ven forzados a dedicar cada vez más tiempo al trabajo, lo que va en claro perjuicio de la convivencia social al disponer de menos tiempo para relacionarse con amigos, familiares, etc. Por esta razón parece que a día de hoy lo prioritario es la recuperación de la vida en un doble sentido: una menor cantidad de tiempo dedicado al trabajo, y por otro lado un simultáneo aumento de los salarios y una mejora de las condiciones laborales.

Indudablemente lo anterior sólo puede materializarse en la medida en que sea puesto en marcha todo un proceso colectivo de movilización popular dirigido a transformar las condiciones sociolaborales hoy imperantes. Esto conduciría directamente a la consecución de la aplicación de un conjunto de medidas específicas como podrían ser, entre otras, la conquista de la jornada laboral de 30 horas semanales unida a un aumento general de los salarios, la reducción de la edad de jubilación a los 55 años, la derogación de las reformas laborales, la desaparición de las horas extras, la inclusión del tiempo de desplazamiento al centro de trabajo como parte de la jornada laboral, etc. Todo esto exige una labor ideológica en el mundo del trabajo dirigida a fracturar la colaboración que hoy se da entre la clase sometida y la clase dominante, entre explotados y explotadores, para poner fin a la anquilosada mentalidad que hace que los trabajadores aspiren a la consecución de dádivas del poder establecido, y de este modo hacer posible la abolición de la dictadura del trabajo. En último término se trata de cerrar el grifo que surte de carburante al actual sistema capitalista, al mismo tiempo que se desarrolla una progresiva redistribución de la riqueza disponible. Esta lógica que subvierte la lógica del capital es la que, llevada hasta sus últimas consecuencias, desemboca de forma inevitable en la huelga general revolucionaria que ponga fin al sistema de dominación y a la actual sociedad de clases. De este modo se impone una nueva consigna: ¡No trabajar!.

Esteban Vidal

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